La Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda contra Audasa, concesionaria de la autopista gallega AP-9 del grupo Itínere, por un supuesto cobro "abusivo" de peajes al mantener la tasa íntegra por circular por la vía durante los tres años que duraron las obras del puente de Rande, con lo que le reclama que devuelva estos importes a los usuarios.
En concreto, el Ministerio Público solicita que se condene a la empresa a reintegrar los peajes que hayan sido cobrados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018 a los usuarios que acrediten haber sido afectados. La Fiscalía estima que las obras realizadas durante ese tiempo llevaron a prestar un servicio deficiente, dado que el tráfico se vio "permanentemente afectado", con el "consiguiente perjuicio a los usuarios".
Asimismo, reclama que se indemnice por el doble del importe del peaje a "todos los usuarios, conductores o pasajeros" que acrediten haberse encontrado en alguno de los atascos que implicaron retenciones de más de diez minutos.
También insta a Audasa (Itínere) a cesar en dicha práctica en lo sucesivo, "en cualquier autopista que gestione en España", "elaborando un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico". Para el fiscal, cobrar el peaje íntegro durante las obras, como si la autopista tuviera unas condiciones normales de circulación, constituye una "práctica abusiva".
Según indica, el tráfico en el puente de la vía se vio "permanentemente afectado", con los consiguientes perjuicios a los usuarios, que perdieron tiempo en sus desplazamientos y se vieron atrapados en colapsos en numerosas ocasiones.
Usuarios afectados
"Todos los usuarios se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad", asegura el fiscal. Con respecto a los conductores, el Ministerio Fiscal admite que no se conoce la totalidad de consumidores afectados, por lo que pide que la sentencia se extienda a todos aquellos que acrediten haberse encontrado esa circunstancia.
En todo caso, señala que, en ese período de algo más de tres años que duraron las obras, la propia Audasa reconoce "unos 77 millones de tránsitos", y que la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros ascendió a "unos 90 millones de euros".
En su demanda, el fiscal insta a que se condene a Audasa a reintegrar a los usuarios (excluidos los conductores profesionales y titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros) el importe de los peajes entre los días 27 de febrero de 2015 y 1 de junio de 2018, con los intereses legales.
Asimismo, reclama que Audasa indemnice a "todos los usuarios (conductores y pasajeros)", excluyendo a los profesionales, que acrediten haberse visto atrapado en alguno de los atascos que implicaron retenciones superiores a diez minutos, mediante la aportación del ticket del peaje "o a través de cualquier otra prueba".
Por último, además de la publicación del fallo en un plazo de quince días desde la notificación de la sentencia, se solicita que se condene en costas a la demandada.
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