La fiscalía se opone a la imputación de bush por las torturas de guantánamo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que se impute al expresidente de EEUU George W. Bush en el marco de la causa que investiga las torturas sufridas por varios presos durante su internamiento en el centro de detención que el país norteamericano tiene en Guantánamo (Cuba).
El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza ha presentado un escrito en el que señala que “en este momento la investigación no ha aportado los elementos necesarios para poder identificar a los presuntos responsables de las lesiones sufridas por los querellantes”.
La Fiscalía responde así al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien el pasado mes de enero decidió reactivar la investigación y planteó a la Fiscalía la imputación de Bush en la causa por la presunta comisión de delitos de torturas y crímenes de guerra. “No puede concretarse la imputación”, señala el escrito, firmado por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos.
SILENCIO DE EEUU
El magistrado decidió en enero reactivar la investigación ante la “absoluta falta de respuesta” por parte de las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido a sus requerimientos. Ruz había pedido en numerosas ocasiones a estos dos países que le informasen sobre si habían abierto una investigación por estos hechos. El magistrado, ante la ausencia de respuesta, considera que ni Estados Unidos ni Reino Unido están investigando los hechos.
El juez entiende que la Audiencia Nacional es competente para investigar el caso a pesar de la limitación a la jurisdicción universal, al existir “un vínculo relevante con España”, ya que una de las cuatro víctimas querelladas, Hamed Abderrahman Ahmed, es natural de Ceuta, y otra de ellas, el marroquí Lahcen Ikassrien, reside en España. Además de Ikassrien y Ahmed, en la causa están personadas como víctimas Abdul Latif Al Banna y Omar Degayes.
BUSH Y CHENNEY
Ruz, en concreto, pidió a la Fiscalía que le informase de contra quién debe dirigir el procedimiento “como presuntos responsables de los hechos”.
La querella iba dirigida contra el expresidente estadounidense George W. Bush, contra su vicepresidente, Dick Chenney, y contra el que fuera secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
También se dirigía contra el excomandante de la Base de Guantánamo, el general Michael Lehner, y contra el que fuera responsable de las operaciones conjuntas de detención e inteligencia del centro de detención, el general Geoffrey Miller.
Posteriormente, los querellantes solicitaron la ampliación de la denuncia contra otros responsables norteamericanos, como George Tenet, exdirector de la CIA.
La investigación se inició en abril de 2009 cuando el juez Baltasar Garzón admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España.
TORTURAS Y CRÍMENES DE GUERRA
El magistrado ha analizado ya la calificación jurídica de los hechos, llegando a la conclusión de que en la cárcel de Guantánamo se produjeron delitos de torturas y de crímenes de guerra, aunque deja al margen el delito de lesa humanidad.
El escrito presentado por Martínez Torrijos sirve también para que la Fiscalía dé su visto bueno a la personación en la causa como acusaciones particulares del Center for Constitutional Rights (CCR) y del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).
El fiscal se opone en cambio a que Ruz tome declaración como testigos a los abogados Gintalaji S. Gutiérrez y Pardiss Kebriaei de Muhammed Kahn Tumai. Considera que esta diligencia no es procedente, al entender que “su testimonio no es de apreciación directa de los hechos sino que por la información que su cliente les haya referido”.
Por último, el representante del Ministerio Público se opone a que el periódico “El País” aporte a la causa la documentación relativa “al trato recibido” por los cuatro querellantes durante su detención en Guantánamo, ya que carecen “de virtualidad probatoria”.