Jueves, 21.02.2019 - 17:55 h
Por la DUI

La Fiscalía se querella contra los artífices de la DUI por rebelión y sedición

También incluye el delito de malversación. La querella contra el Govern se presenta en la Audiencia Nacional y la de la Mesa en el Supremo

La detención de Puigdemont es una opción que está "abierta", según Maza
José Manuel Maza

El fiscal del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido públicamente a las 12.30 de este lunes, para explicar las iniciativas penales que su departamento emprenderá contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del resto de su gobierno y también contra los responsables en el Parlamento de Cataluña de la declaración unilateral de independencia del pasado viernes. Así, ha anunciado que la Fiscalía se querellará por los delitos rebelión, sedición, malversación y otros adyacentes. La querella contra los miembros del Govern se ha presentado ante la Audiencia Nacional, concretamente ante el juzgado de guardia ocupado esta semana por Lamela, al no estar ya aforados, mientras que la de la Mesa se ha presentado en el Tribunal Supremo.

Según ha explicado Maza, los responsables de la Generalitat han provocado "una crisis institucional que acabó con la declaración unilateral de independencia con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre", lo que justifica la imputación de estos delitos. Además, ha solicitado que sean citados urgentemente los querellados "en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados". En caso de incomparecencia, Maza pide su "inmediata detención".

Por otro lado, la Fiscalía ha pedido que "se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados". De este modo, la Fiscalía ha rogado que se incluya "la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros".

"A partir de ahora, la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones
desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en
la Ley, para garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden
constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente
afectado por las conductas que motivan las querellas", ha concluido Maza.

Hasta 30 años de cárcel

La rebelión puede estar castigada con hasta 30 años de cárcel, mientras que para la sedición se contemplan hasta 15 años de prisión. La malversación, por su parte, estaría penada con unos 6 años de prisión. En todos los casos llevan aparejadas penas de inhabilitación.

El Fiscal General del Estado ha aparecido acompañado por Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo; Fausto Cartagena, Fiscal Jefe de la Inspección; José Miguel de la Rosa, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y Jesús Alonso, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

​El Ministerio Público ya anunció la pasada semana la preparación de una querella inicialmente contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si bien incluirá en la misma al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del gobierno autonómico tras la votación de este viernes en el Pleno del Parlamento catalán que ha declarado constituida la República catalana. Todos ellos perdieron la condición de aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Supremo tras ser cesados y ser disuelto el Parlament.

La que fuera presidenta de esta cámara, Carme Forcadell, y el resto de la Mesa conservan su fuero como miembros de la Comisión Permanente del Parlament y son aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) salvo por los posibles delitos que puedan cometer fuera de Cataluña, caso en el que son aforados ante el Supremo.

En este punto la querella sostendría en relación con los exparlamentarios que parte del delito se ha cometido fuera de Cataluña en relación con algunas actuaciones como la ubicación de las webs que se pusieron en marcha con ocasión del 1-O o las intervenciones de algunos de sus miembros en foros extranjeros. También se analizan los efectos del delito, que se extienden a todo el territorio nacional y ello determinaría igualmente que sea el Supremo el órgano encargado de investigarles.

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