Barcelona/Madrid, 11 nov.- La Fiscalía Superior de Cataluña se querellará contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9N en Cataluña, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La querella se presentará probablemente mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada la condición de aforados de los denunciados, a los que el ministerio público podría atribuir los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
La Fiscalía de Cataluña está trabajando esta tarde en el borrador de la querella que les ha remitido la Fiscalía General del Estado, en el también aparece como denunciada la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
El escrito que ultima la Fiscalía podría acusar también a los titulares de las consellerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado, antes de que trascendiera que la Fiscalía se querellará contra él, probablemente mañana, que no tiene miedo al Ministerio Público: "Esto no lo resolveremos a través de tribunales, eso no nos intimidará, si es lo que se busca. Seguiremos adelante".
Según el borrador que le ha transmitido la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Superior de Cataluña baraja en la querella varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.
El ministerio público cree que los miembros del gobierno catalán contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.
Por el contrario, de la querella que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quedarán excluidos en principio los responsables de los locales bajo cuya autorización se abrieron el pasado domingo los centros públicos donde se instalaron los puntos de votación de la consulta.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que el ministerio público se pronunciará "sin ninguna precipitación" sobre el 9N y ha añadido que "los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos".
Si el TSJC aceptara a trámite la querella de la Fiscalía, podría acumularse con la denuncia que el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha presentado contra Mas y algunos consellers, y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todavía no ha admitido a trámite, precisamente a la espera de que el ministerio público se pronuncie sobre la misma, según las mismas fuentes.
El TSJC deberá decidir también si asume en la misma investigación las denuncias presentadas por formaciones políticas y particulares que se están investigando en juzgados de toda Cataluña por el 9N.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha eludido pronunciarse sobre si se produjo una ilegalidad el pasado domingo, pero ha recordado que la consulta en Cataluña fue suspendida dos veces por el Tribunal Constitucional y, pese a ello, "hubo algo parecido a una consulta".
"Es cierto y es indudable y no se puede negar que hubo dos decisiones del Tribunal Constitucional suspendiendo la consulta y bueno, hubo algo parecido a una consulta", ha asegurado Lesmes.
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