La defensa del rey emérito responde que la Fiscalía le acusa "sin fundamento"

La defensa de Juan Carlos I afirma que las imputaciones contenidas en la comunicación de la Fiscalía a las autoridades suizas y en las que se aprecian "indicios de criminalidad" contra el rey emérito se realizan "sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación". En un comunicado, el abogado Javier Sánchez-Junco afirma que tales afirmaciones "conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano", ya que se traslada a la opinión pública "valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente" al anterior jefe del Estado. "En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice", denuncia.

La defensa del rey emérito subraya el abogado que dicha solicitud de asistencia judicial no es pública, por lo que, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, "cuyas actuaciones son reservadas", sin que le conste al abogado que hayan sido comunicadas a parte alguna del procedimiento. Recuerda, además, que dichas informaciones se refieren, al parecer, a una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal remitida a las autoridades suizas hace casi siete meses por el fiscal instructor de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que Juan Carlos I cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", según adelantó este viernes el diario 'El Mundo', que ha tenido acceso a la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, que mantienen abierta una investigación sobre la fundación Zagatka, fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados.

El rey Juan Carlos permanece desde hace un año Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero, que la Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando por si pudo cometer algún delito, una vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014. Es la primera vez que el ministerio público se pronuncia sobre el origen de dinero del rey emérito que tenía oculto en paraísos fiscales.

En la solicitud realizada a Suiza, el Ministerio Público señala que en estos momentos dispone de "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita" y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. En esta comisión rogatoria, del pasado 24 de febrero, de acuerdo con dicho diario, la Fiscalía pretende que la Oficina Federal de Justicia de Suiza le remita la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón.

Desde esta fundación se habrían abonado gastos del Rey emérito hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. Don Juan Carlos aparecía como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó en su momento que el antiguo monarca desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al Rey emérito por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda -en teoría la última- el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka. Así las cosas, en mayo se supo que AEAT ha notificado al Rey emérito la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.