La Generalitat frenó pagos de facturas de la convocatoria del referéndum del 1-O

  • Según los informes de la Guardia Civil, habría varias facturas sin cobrar por "una investigación judicial". 
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La Generalitat frenó pagos de facturas que se habían generado para la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre tras la investigación judicial que se había iniciado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso Europa Press y que han sido prestadas por varios testigos ante el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, entre los que está el empresario que realizó uno de los anuncios publicitarios y un empleado de la Generalitat.

Según los informes de la Guardia Civil, otra empresa que ha trabajado para el 1-O ha intentado cobrar otra factura por 238.965,37 euros, al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat. En este caso se trataría de la empresa Unipost, quien ha pasado al cobro una de las cinco facturas generadas por los envíos electorales del referéndum ilegal.

Según explicó en el Juzgado el administrador de la empresa Estudio Dada de diseño y comunicación, que realizó el vídeo del 1-O para los catalanes en el exterior, David Maciá, el director general de Difusión de la Generalitat, Ignasi Genovés, que depende de la Consejería de Presidencia, le envió un correo en el que le explicaba que su factura no se podía pagar y aludía a la investigación judicial del caso.

La citada factura ascendía a casi 9.000 euros sin contar impuestos y fue generada, según Maciá, en abril del año pasado, ya que el trabajo se lo encargó la Generalitat de Cataluña en marzo. El autor del vídeo expuso ante el juez que había contactado una primera vez para cobrar la factura con Jaume Mestre, encargado de difusión institucional, "su único interlocutor" hasta el momento.

Sin embargo, explicó que meses después le llegó un correo de Ignasi Genovés en el que le decía que la citada factura no se podía pagar. Precisó que le explicaron que la factura estaba retenida porque había unas diligencias judiciales. "Entendí que hasta que de alguna forma no terminara el proceso judicial la factura estaba retenida", reconoció Maciá, quien recalcó que esta estaba "ahí, presentada, con sus impuestos pagados en su fecha y pendiente de que podamos cobrarla cuando sea posible".

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