El informe de la Guardia Civil aportado en el marco de la bautizada como 'Operación Sanitario' a la causa del 8-M, arremete duramente contra la Delegación del Gobierno de Madrid y concluye que desde el 5 de marzo no se tendría que haber dado luz verde a "ninguna" marcha en la capital. Los agentes constatan en un su atestado remitido a la causa que investiga el juzgado de instrucción número 51 de Madrid que el órgano que dirige José Manuel Franco no advirtió a los manifestantes del peligro de celebrar estos actos pese a que desde el Gobierno central se ordenó la desconvocatoria de algunos de ellos desde los primeros días de marzo. "No se podía celebrar de ninguna manera", se dijo entonces desde el departamento que dirige Salvador Illa.
"Las manifestaciones aportadas en unión de la documentación dan razón de un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los sanitarios, así como del control exhaustivo de la misma", reza el atestado al que ha tenido acceso La Información. El informe, que ha terminado costando el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, acreditaría que el Gobierno de Pedro Sánchez frenó marchas y actos de gran envergadura en la capital días antes del 8-M, como es el caso del congreso mundial de líderes evangélicos en España. Esto lleva a la Guardia Civil a concluir que desde ese día 5 de marzo no se tenía que haber permitido "ninguna" concentración en la capital, "y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo".
Los dos agentes encargados de las pesquisas explican a los largo de 83 páginas las reuniones mantenidas en Sanidad en las que participaron no solo Simón, sino también la entonces directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, y que dimitió recientemente por sus discrepancias con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el cambio de fase en la comunidad. En las mismas, pidieron la suspensión de las celebraciones previstas en la capital. Simón incluso se comprometió con los organizadores del congreso religioso a enviarles un escrito firmado en el que "consta expresamente" la recomendación, entendida como una prohibición, de aplazar eventos multitudinarios.
157 expedientes de convocatoria
Todo esto lleva a los agentes a concluir que el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, era conocedor de los riesgos de contagio de la Covid-19 pese a que desde este órgano aseguraron que no se les había advertido de las consecuencias de no frenar las marchas autorizadas entre los días 5 y 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. Al respecto, las diligencias policiales concluyen que del archivo informático que ya obra en el sumario de este caso se desprende que había un total de 157 expedientes de solicitud de actos en la mesa del delegado, el cual acaba de ser citado para el próximo 5 de junio tras su imputación por prevaricación el pasado mes de marzo.
Los agentes recalcan que la cancelación de más de una veintena de actos previstos para esos días surgió incluso a iniciativa de los propios convocantes, los cuáles, "de manera espontánea", comunicaron a la Delegación que desistían por razones sanitarias. El órgano que dirige Franco les pidió que trasladaran estos hechos por correo electrónico pero la Guardia Civil asegura que en el expediente que barajan no han encontrado las llamadas efectuadas a los promotores y que han tenido conocimiento de este extremo por las declaraciones tomadas durante la instrucción de esta causa que dirige la magistrada Carmen Rodriguez-Medel.
El silencio de la Comisión del 8-M
De hecho, uno de los requerimientos concretos encargados por la instructora a la Policía Judicial fue que si los convocantes eran conscientes del riesgo de contagio y si, pese a ello, aceptaban la "auto-puesta en peligro". En respuesta, los agentes aseguran que intentaron ponerse en contacto con la Comisión del 8-M en calidad de promotores del acto, si bien prefirieron guardar silencio y respondieron que "solo acudirán al llamamiento judicial".
Algunas de las preguntas formuladas por la instructora, tales como las indicaciones concretas realizadas desde el Ministerio de Sanidad con la convocatoria de actos se han quedado sin respuesta, por el momento, a la espera de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón aporte a la causa la documental que le falta por entregar. Sí han podido acreditar que no se produjo ningún movimiento a la inversa; es decir, no se solicitó desde la Delegación del Gobierno ningún informe consultivo sobre el asunto. Igualmente concluyen que no se suministró material de protección entre las marchas acogidas en la capital esos días algunas de las cuáles, como es el caso del Día de la Mujer, contó con una participación de 120.000 personas.
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