La Guardia Civil continúa las investigaciones abiertas por la comisión de supuestos delitos fiscales y de maltrato animal, según apunta la nota de prensa. La operación 'Toys' ha encontrado los cuerpos de unos cien perros en un negocio ilegal en Badajoz (Extremadura).
La operación comenzó hace seis meses cuando el Equipo Protección de la Naturaleza (Seprona) de Badajoz tramitó varias denuncias de ciudadanos que manifestaron haber adquirido cachorros de perros de varias razas, que morían al poco tiempo de su compra o se encontraban con "grandes malformaciones".
En estas denuncias siempre aparecía como vendedor el ahora detenido, un vecino de Cáceres con las instalaciones ubicadas en un Polígono Ganadero de esa ciudad, que no estaba autorizado para la venta de animales ni contaba con las autorizaciones administrativas que precisan las instalaciones que albergan una cierta cantidad de perros.
La pasada semana agentes del Seprona acompañados por veterinarios de la Junta de Extremadura registraron la explotación, donde se intervino de numerosa documentación como cartillas sanitarias "no validas" y extractos bancarios, medicamentos veterinarios, inyectables y sellos.
También se inspeccionaron 58 jaulas que contenían 75 cachorros de perros de más de diez razas diferentes como el Yorkshire, bulldog francés, bichón maltés, shi tzu, schanauzer y caniches, entre otras.
Asimismo se hallaron los cadáveres de casi un centenar de cachorros congelados y guardados en dos congeladores. Seguramente murieron al poco tiempo de su llegada a España y el posible motivo por el que los guardaba era justificar las bajas al proveedor eslovaco con el propósito de una compensación económica o la restitución por otro animal, apuntó la Guardia Civil.
La compra de perros con pedigrí en ciertos países del Este para su posterior venta en España sin las preceptivas autorizaciones administrativas, suponen diferencias de cientos de euros respecto de los criadores nacionales. El detenido había movido en un año y sólo por paquetería postal 365.000 euros por la venta de perros.Transporte de los cachorros
Los animales, de menos de 3 mesesy nunca superior a seis, contaban con un pasaporte europeo y se transportaban en camiones procedentes de Eslovaquia hacia las instalaciones situadas en Cáceres.
El detenido nunca informaba a los compradores de la verdadera procedencia de los animales y si lo deseaban con pedigrí el precio se incrementaba en 200 euros. Les facilitaba un documento que acreditaba la adquisición. Ese certificado no es valido ya que la asociación que figura en el documento no está homologada para expedir este tipo de certificaciones.
Para evitar responsabilidades ante reclamaciones efectuadas por los compradores marcaba los perros con microchips que no coincidían con la identificación anotada en las respectivas cartillas.Los agentes continúan con las investigaciones orientadas a determinar si las causas de la muerte de los cachorros pueden derivar en un delito de maltrato animal, así como posibles irregularidades fiscales ya que no emitía factura alguna en las transacciones que realizaba.
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