La Guardia Civil está registrando nueve empresas de ingeniería por presunto amaño de licitaciones después de que así lo haya ordenado el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, a raíz de la investigación que sigue este órgano judicial del caso 3%, sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC).
Según informan fuentes jurídicas, se trata de unas nuevas diligencias de investigación sobre empresas que licitaban a todos los concursos públicos a través de pactos en la adjudicación de los mismos y gracias a los cuáles obtenían márgenes de beneficio que siempre iban a parar a estas compañías.
De la Mata ha ordenado entradas y registros en estas nueve empresas a efectos de obtener correos electrónicos y documentación así como requerimientos de información a Infraestructures de la Gereneralitat de Catalunya y a la Autoridad Catalana de la Competencia.
En concreto, a la entidad de infraestructuras se le solicita expedientes administrativos en relación con los contratos que se investigan; mientra que a la Autoridad Catalana el juez le pide toda la documentación que tenga sobre el expediente inicial que abrieron en relación con las licitaciones que ahora están bajo la lupa.
El magistrado instructor acuerda abrir estas nuevas diligencias de investigación por los delitos indiciarios de organización criminal, cohecho, trafico de influencias, financiación ilegal de partido político, blanqueo y malversación, a raíz de las últimas pesquisas en la causa que instruye sobre el 3 por ciento.
PDeCAT y CDC, imputadas en el 3%
En el marco de esta última, el pasado mes de julio De la Mata imputó a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y al PDeCAT como personas jurídicas por una operativa de cobro de comisiones ilegales que se mantuvo en CDC entre los años 2008 y 2013 a través de sus fundaciones Catdem y Fórum Barcelona.
Los últimos interrogatorios que se produjeron al respecto fueron los de dos directivos del Grupo Ortiz que efectuaron pagos a dichas entidades. Ambos explicaron al magistrado, según fuentes presentes en el interrogatorio, que pensaban que los fondos que aportaron iban a ir destinados a impulsar la cultura catalana. El magistrado, por su parte, apuntó en su auto de citación que, con las aportaciones efectuadas, el grupo dedicado a la construcción se adjudicó de manera irregular la ampliación de un colegio público de Sabadell (Barcelona).
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