La Guardia Civil ha salido sobre las 20 horas de la sede nacional de Òmnium Cultural en Barcelona tras recoger, por orden judicial, los correos electrónicos del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, actualmente encarcelado.
Según ha informado Òmnium en una serie de tuits en su perfil recogidos por Europa Press: "No tenemos nada a esconder. Somos gente de paz que trabajamos por la cultura, la lengua, la educación, la cohesión social y los derechos civiles".
La entidad ha asegurado: "Nada nos hará renunciar a los valores que defendemos desde hace 57 años y hoy, que hace 100 días que los Jordis están en Soto del Real, nos mantenemos firmes en el grito por la libertad de los presos políticos".
Este miércoles, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a la Guardia Civil que se persone para requerir información en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat y en las sedes de las asociaciones independentistas Omnium Cultural y ANC, han informado fuentes policiales.
Los agentes del Instituto Armado practicaron tres entradas a lo largo de este miércoles comenzando las actuaciones por orden del juez Llarena, que investiga a los organizadores del 'procés' y la celebración del referéndum del 1 de octubre, en la calle Salvador Espriu, 45, de L'Hospitalet de Llobregat, sede del CTTI.
Los agentes de la Guardia Civil han inspeccionando los ordenadores del despacho de Sànchez para seguir el rastro de su correo electrónico mientras presidió la ANC. El registro lo han realizado dos agentes, vestidos de paisano, en presencia del abogado del exlíder de la ANC, Jordi Pina.
Llarena acordó la semana pasada abrir una pieza secreta, dentro de la investigación que tiene abierta por un delito de rebelión contra los miembros del Govern cesado, de la Mesa del Parlament y los líderes de las entidades soberanistas, por promover y organizar un proceso unilateral hacia la independencia.
Según apuntan algunas partes personadas en la causa, la diligencia ordenada este miércoles por Llarena podría tener como objetivo investigar la financiación de las entidades independentistas, concretamente si éstas han recibido dinero público de la Generalitat que podrían haber usado para financiar el referéndum del 1-O.
En este sentido, cabe recordar que VOX, que ejerce la acusación popular en la causa del Supremo, ya denunció ante el Servicio de Banca y Capitales del Banco de España (SEPBLAC) sospechas sobre posibles irregularidades en el origen y el destino de los fondos recibidos por ambas organizaciones para su financiación.
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