Empleo estable, un sueldo mensual de 1.300 euros, 14 pagas y media y un mínimo de 40 días al año de vacaciones. Son algunas de las ventajas de ser celador en los servicios públicos de salud de las comunidades y el interés por acceder a uno de estos puestos quedó demostrado el pasado 10 de marzo con 180.000 solicitudes para aspirar a 5.000 plazas. Pese a todo, los nervios, la sensación de no sentirse preparado o el convencimiento de que era mejor esperar a la próxima convocatoria hizo que se presentaran al examen cien mil personas, las mismas que viven en la localidad alicantina de Torrevieja o en la vizcaína de Baracaldo.
Ha sido el último gran concurso-oposición celebrado en buena parte del territorio nacional y el interés y, sobre todo, las expectativas de aprobar una oposición, debido al considerable número de plazas, hizo que se convirtiera en un 'éxito' de convocatoria con aparcamientos desbordados, autocares habilitados por las administraciones para facilitar que se llegase a tiempo al examen y un despliegue de seguridad extra. En algunos lugares, como Galicia, el ratio de participantes superó los 20 por plaza. Las pruebas para ser celador hacen anticipar una avalancha de aspirantes a futuros exámenes para optar a las más de 100.000 plazas que se convocarán antes de abril.
Las administraciones ya han dado el pistoletazo de salida para que 2019, un año en el que se celebrarán elecciones generales, europeas, locales y en autonomías, sea histórico en cuanto a oferta de empleo público, después una década de crisis que ha obligado a cerrar el grifo de las convocatorias y que ha provocado el envejecimiento de la plantilla en la Administración General del Estado (AGE) y una altísima tasa de temporalidad en las autonomías. Y es que, asegura Pilar Alcázar, portavoz de UGT en la Comisión Técnica Temporalidad de Empleo, la oferta de la AGE será básicamente nueva y en las comunidades tratarán de convertir empleos temporales e interinos en estables.
Los sindicatos que representan a los empleados públicos tienen este misma semana una reunión crucial con los responsables del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la que se planteará una oferta de empleo en la AGE igual o superior a la del año pasado, por encima de la 30.000 plazas. Pero mientras, ya está en marcha una oferta autonómica en el ámbito educativo en la que están en juego más de 31.000 plazas de maestros, profesores de educación secundaria y de formación profesional a las que podrían optar cerca de 300.000 personas, si se tienen en cuenta ratios de anteriores pruebas.
Desde las academias se asegura que han notado un incremento destacable de la demanda, aunque la intensidad depende de la especialidad formativa de los centros, porque hay algunas oposiciones que requieren medio año y otras hasta cuatro. Ángela de las Heras, coordinadora general de Oposiciones del Centro de Estudios Financieros (CEF), un centro especializado en el Grupo A1 y A2 de la Administración, señala las diferencias entre oposiciones. Para las que se preparan en el CEF es necesaria una titulación superior, mucho tiempo de dedicación y rigor en el estudio. Unas condiciones que limitan el acceso.
La singularidad de estas pruebas hace que no se haya incrementado de forma notable el número de aspirantes, aunque en otras oposiciones, como las de administrativos, la lucha por el puesto si será muy dura. En 2018, 44.000 candidatos aspiraron a 800 plazas. Mientras, desde el Instituto de Formación Sanitaria sí constatan una "demanda tremenda" para los puestos de enfermero en los servicios públicos de salud. Y es que en las oposiciones celebradas el año pasado hubo un número de candidatos muy importante y "ahora el teléfono no para de sonar interesándose por las de este año". La razón es que las administraciones han abierto la puerta para consolidar puestos tras las advertencias de la UE y las denuncias de los enfermeros por el abuso de la temporalidad.
Eduardo Jevremovitch, director de Magister, una academia con 60 años antigüedad, destaca lo excepcional de las oposiciones a profesor: "No se pueden preparar de un día para otro. Se requiere tener un máster y, como mínimo, debemos contar con tres años antes de llegar, con todos los requisitos, al examen". Destaca la necesidad de una formación adecuada y rigurosa y apunta a la irrupción de páginas web que ofrecen preparación que acaban no cumpliendo con las expectativas de los aspirantes. La nueva competencia, basada en el márketing, fuerza una distribución en muchos centros de los aspirantes a funcionarios.
Mientras, desde Centro Innova, que forman a candidatos para conseguir plaza en Correos -este año se ofertarán más de 4.000-, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Hacienda o Comunidad de Madrid reconocen una mayor demanda. "Es el momento. Este año será muy bueno, sobre todo si nos centramos en la perspectiva de nuevas convocatorias. Llevábamos años con poco oferta, pero la situación ahora es mucho mejor y también para los centros que preparamos oposiciones".
Desde esta academia destacan el 'efecto crisis' en las ofertas y, sobre todo, la necesidad de cubrir puestos en plantillas envejecidas, ya que una parte importante de funcionarios llegó a la Administración a mediados de los ochenta. En esta línea también se manifiesta Pilar Alcázar, que aboga por que en la próxima oferta de la AGE, que negociarán con ministra Meritxell Batet, se impulse no una tasa de reposición del 100%, sino del 110% e incluso del 150% en algunos departamentos concretos.
"Hay áreas en la Seguridad Social con empleados con mucha edad. En la atención al público hay un problema importante. Los empleados que pueden, optan por empleos en Instituciones Penitenciarias, donde encuentran algunos incentivos. Hay que priorizar áreas como el Imserso o el Servicio Público de Empleo Estatal, en los que la edad de los trabajadores supera los 56 años", asegura la dirigente sindical.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llegará a la reunión con los responsables del ministerio con un parte de los deberes hechos. Reclama una oferta pública de empleo similar a la de 2018, cuando se acordaron 33.606 plazas. El sindicato hace hincapié en que casi 32.000 trabajadores de la Administración central tienen más de 60 años y 3.500, más de 64 años. En concreto, instan a reforzar instituciones penitenciarias (con 1.500 plazas), Seguridad Social y servicios de empleo público (5.000 plazas) y Agencia Tributaria (4.000 plazas), así como 6.500 plazas de promoción interna.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios