La Infanta Cristina no podrá alojarse en el Palacio de Marivent durante su estancia en Palma a partir de la semana próxima para asistir al inicio del juicio del Caso Nóos, en el que está acusada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.
El palacio, titularidad de las autoridades autonómicas de Baleares, se cedió en 1973 a los entonces Príncipes Juan Carlos y Sofía para que disfrutasen de sus vacaciones en la isla. Desde entonces, ha sido la residencia estival oficial de la Familia Real, que también solía desplazarse a Palma en Semana Santa. Pero ni la Infanta Cristina es hoy miembro de la Familia Real, ni su presencia en Palma se debe precisamente a unas vacaciones en familia.
Al margen de estas dos obviedades, la distancia que ha marcado Felipe VI con respecto a su hermana difícilmente permitiría alojarse en un palacio que no es ni siquiera propiedad de la Familia Real a quien acude a la isla para sentarse en el banquillo de los acusados.
Desde la proclamación de Felipe VI como Rey, éste marcó nuevas distancias con sus cuñados, hasta el punto de retirarle a ella en junio pasado el título de duquesa de Palma, y por extensión el de duque de Palma a su marido. Desde esa fecha, tanto la Infanta como Urdangarin tienen expresamente prohibido hacer uso de ese título nobiliario.
Con esa decisión -le compete en exclusiva al Rey la concesión o revocación de títulos nobiliarios- Felipe VI quiso demostrar que está cumpliendo con la hoja de ruta que se marcó en su discurso de proclamación aquella mañana del 19 de junio de 2014, cuando se comprometió a hacer más ejemplar la Monarquía, como demandan "con razón" los ciudadanos.
La Infanta Cristina tampoco se alojó en Marivent durante su declaración ante el juez Castro en febrero de 2014. En aquella ocasión viajó a la isla en el mismo día, sin pernoctar en Palma. Dos años antes, en cambio, los entonces duques de Palma sí se alojaron en Marivent con motivo de la primera declaración de Urdangarin ante el juez. Fue la última vez que pisaron el palacio.
En esta primera sesión del juicio, el matrimonio Urdangarin Borbón se sentará en la tercera y última fila del banquillo de los acusados, aunque no estarán uno al lado del otro, sino separados por otros tres imputados.
La hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.
La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.
El Ministerio Público considera en cambio que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido.
De hecho, durante la primera sesión de la vista -que podría prolongarse hasta el 12 de enero-, en la denominada fase de cuestiones previas la defensa de la Infanta planteará que se le aplique la llamada 'doctrina Botín', que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido -la Agencia Tributaria no acusa a la Infanta-. La hija de don Juan Carlos deberá por tanto sentarse en el banquillo al menos durante los primeros días.
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