La infanta Cristina bajará en coche la rampa de los juzgados por seguridad

Madrid/Palma, 30 ene.- La infanta Cristina tiene previsto bajar en coche la rampa hasta la entrada del juzgado el 8 de febrero para comparecer ante el juez del caso Nóos por razones de seguridad, tal y como ha aconsejado la Policía en el informe que ha entregado al juez decano de los juzgados de Palma.

De esta forma, según han adelantado a Efe fuentes del caso, la hija del Rey accedería en su vehículo y no a pie por la rampa habitual de acceso a los juzgados de instrucción de Palma los días no laborables, sino que mantendrá el dispositivo habitual que tiene en sus desplazamientos como miembro de la Casa Real.

Aunque la autorización para entrar en vehículo le corresponde en último lugar al juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, se da por hecho que asumirá en las próximas horas la recomendación que plantean los responsables del dispositivo policial para garantizar la seguridad de la infanta porque así lo hizo también con su esposo Iñaki Urdangarin.

La Policía Nacional ha recomendado "por estrictas razones de seguridad" que la infanta Cristina acceda en coche hasta la puerta de los juzgados de Palma cuando comparezca para declarar, según fuentes judiciales.

Cuando el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, compareció por primera vez como imputado ante el juez Castro en febrero de 2012 la Policía también aconsejó que descendiera en coche la rampa de acceso de los juzgados de Palma durante los fines de semana, una propuesta que admitió el juez decano.

No obstante, el propio Urdangarin desechó finalmente esa opción y recorrió a pie la cuesta y parte del patio de los juzgados ante decenas de periodistas, a los que, además, hizo declaraciones para defender su honestidad.

La infanta, que está citada a las 10.00 horas, proyecta llegar a Palma el mismo día de su declaración y su recorrido hasta el edificio judicial también forma parte del dispositivo montado para velar por su seguridad.

Con este fin, representantes de la seguridad de la Casa Real, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Palma se reunieron el pasado lunes en la capital balear para preparar el despliegue.

En contra de lo que hizo Urdangarin en su primera comparecencia, la infanta no tiene previsto hacer declaraciones a los periodistas en los juzgados, sino que serán sus abogados los que se dirijan a los medios de comunicación tras la comparecencia, que podría acabar en torno a las 15.00 horas.

Doña Cristina será asistida en su declaración por un equipo jurídico que encabezará el propio Miquel Roca Junyent, conocido jurista y abogado, que fue uno de los padres de la Constitución Española de 1978.

La declaración de la infanta no será finalmente grabada en vídeo sino solo en audio, según ha decidido el juez Castro, quien también prohibirá la entrada de teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles para evitar que se capten imágenes de la comparecencia.

La infanta trabaja desde hace unos meses en Ginebra (Suiza), pero hace unos días viajó a Barcelona para reunirse con sus abogados para preparar su declaración ante el juez que investiga el caso Nóos, que la ha imputado por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Los letrados están ultimando ya la línea de defensa, que quiere demostrar ante el juez que la infanta no cometió ningún delito.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha accedido hoy a que la asociación Frente Cívico "Somos Mayoría" (FCSM), que promueve el exlíder de IU Julio Anguita, se persone como acusación popular en la causa.

Mientras, el fiscal del caso, Pedro Horrach, ha solicitado al juez José Castro que deniegue la petición de la defensa de Diego Torres para que el ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sea citado a declarar como testigo en esta causa.

En relación con el caso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha deseado que la declaración de la infanta se desarrolle "con la máxima corrección posible defendiendo siempre la presunción de inocencia", y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido que aunque entre la institución que dirige y el juez existe "discrepancia", éste "nunca va a estar solo".