El dato adelantado del IPC de mayo (8,7%) ha encendido las alarmas en el Gobierno. Una cifra que no se esperaba y que ha obligado a dar un golpe de timón al discurso de la Vicepresidencia económica. Nadia Calviño, que vaticinaba moderación, enmienda ahora su hoja de ruta económica y advierte de nuevos repuntes en los precios a lo largo de junio, julio, agosto y septiembre. Además, el Ejecutivo asume que el tope ibérico al gas -que sigue sin recibir el visto bueno final de Bruselas y, por tanto, no se puede aplicar- no va a ser suficiente para contener los incrementos. Esta situación apunta a un segundo semestre de alta tensión, un final de año de práctica economía de guerra -remarcan desde Moncloa- donde la clave va a estar en el segundo decreto antiinflación. El primero, a la vista de que la bonificación de los carburantes o la limitación de los precios de la vivienda es incapaz de contener los precios, se ha quedado corto, admiten internamente en el Ejecutivo, y ya se está negociando su prórroga y ampliación.
"Se mantiene la previsión de que la inflación irá desacelerándose progresivamente durante la segunda parte del año, sin descartar oscilaciones durante los meses de verano, derivados de posibles efectos base, y teniendo en cuenta la alta incertidumbre derivada del contexto económico global", indican fuentes del Ministerio de Economía. Es una posición muy diferente a la que mantenía la misma Calviño hace sólo un mes. A principios de mayo la vicepresidenta económica defendía ante decenas de empresarios e inversores en el Cercle que la inflación había tocado techo, tras pasar del 9,8% en marzo al 8,4% en abril, y que irá bajando hasta situarse el año que viene en el entorno del 2%. El plan de contención de precios del Gobierno ha naufragado y hace falta repensarlo.
La pasada semana comenzaron en el seno del Gobierno de coalición las conversaciones para prorrogar y ampliar el decreto antiinflación. Negocian Economía, Trabajo, Transición Ecológica, Hacienda y Derechos Sociales. La prolongación, al menos hasta el 30 de septiembre, de las medidas aprobadas en marzo está fuera de toda duda, aunque Unidas Podemos va a tratar que se prolonguen hasta el 31 de diciembre. La clave, como decimos, pasa por esta negociación, porque en ámbitos extragubernamentales las conversaciones para alcanzar un acuerdo de rentas o un pacto salarial se encuentran totalmente estancadas y sin visos de retomarse a corto y medio plazo.
El pacto de rentas ni está ni se le espera
La ausencia de un gran pacto de rentas nacional retuerce aún más la espiral inflacionista, lo que se está convirtiendo en un problema económico de primer nivel para el Banco de España. El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos lleva meses demandando que empresas, hogares y administraciones públicas interioricen la pérdida de renta de la economía española provocada por las tensiones geopolíticas en suelo europeo y repartan sus costes de manera equilibrada para evitar esos temidos efectos de segunda ronda que ya se están materializando. El contagio a la cesta de la compra es evidente, ya que la inflación subyacente –que excluye los precios de la energía y de los alimentos frescos por ser los más volátiles- roza el 5% y eso, para los sindicatos, es prueba de que los empresarios están trasladando el incremento de los costes energéticos a los precios finales. La patronal niega la mayor y asegura que el tejido productivo está atravesando un momento muy delicado asumiendo el exceso de costes. Y ante este escenario, la CEOE se niega a negociar una recomendación de subida salarial en los convenios y CCOO y UGT ya preparan movilizaciones, aunque hasta ahora hayan actuado de una forma tibia.
Ni pacto de rentas, ni Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Y mientras tanto, el Gobierno continúa garantizando cada vez que tiene ocasión que las pensiones subirán en 2023 conforme a la media del IPC de los doce meses previos a diciembre de este año. Así está acordado con la patronal y los sindicatos y aprobado en la primera parte de la reforma que ya está en vigor. Pese a las advertencias de la Comisión Europea y del BdE sobre el impacto que va a tener el repunte de la factura de las pensiones sobre el gasto público a medio y largo plazo, el Ejecutivo insiste en que va a mantener el poder adquisitivo de más de nueve millones de pensionistas. Desde algunos ámbitos, especialmente desde el flanco sindical, empiezan a sospechar que el equipo económico del Gobierno mantiene públicamente ese mensaje mientras mueve hilos en Bruselas para que sean las autoridades europeas las que hacen una llamada a la moderación, para poder así justificar una eventual decisión de ajuste de las pensiones ante el socio minoritario de la coalición, ante sus aliados parlamentarios y ante el conjunto de la sociedad.
La Comisión ya ha advertido a España en las recomendaciones del semestre europeo que deberá tomar medidas compensatorias para evitar los riesgos para la sostenibilidad fiscal del sistema a largo plazo que van a implicar la indexación de las pensiones al IPC. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, tiene previsto abordar ese complejo segundo bloque de la reforma de las pensiones con los agentes sociales en los próximos meses y no lo va a tener fácil. La patronal continúa rechazando una tras otra todas las propuestas del Ministerio para la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos cuando apenas queda un mes para que se cumpla el 'deadline' pactado con Bruselas. Y después tendrán que negociar la medida más polémica, que es la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, que cuenta con el rechazo inicial de los sindicatos porque implica un importante recorte en las prestaciones. Tampoco gusta a los socios de Unidas Podemos ni en ERC y EH Bildu, por lo que en este punto la tensión también va a ser elevada en los próximos meses y no se descarta tener que negociar con el PP.
Pero esas medidas serán necesarias para mantener abierto el grifo de los fondos europeos. La Comisión ha pedido al Gobierno que mantenga una política fiscal prudente a medio plazo para garantizar una reducción gradual de la deuda que sea creíble y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y también le ha advertido de que, aunque las reglas fiscales estén suspendidas, esto no implica una 'barra libre' en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que continúa vigente, por lo que en otoño de 2022 volverá a evaluar la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo. Por el momento, la Agencia Tributaria se está beneficiando de la inflación y el crecimiento económico, que están propiciando un aumento histórico de la recaudación. Un hito extraordinario que la oposición, particularmente el PP, está utilizando para demandar al Gobierno que deflacte la tarifa del IRPF para que no se produzca una subida de impuestos encubierta, pero Hacienda se niega. La negociación parlamentaria en materia económica también va a ser intensa en lo que queda de año y especialmente en la recta final, cuando tengan que aprobarse los Presupuestos de 2023.
El Gobierno también se enfrenta a un problema con el colectivo de funcionarios. Y este va a ser otro foco de tensión importante en los próximos meses. En el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, el Ejecutivo proyecta una subida de las pensiones de en torno al 6% en 2023, mientras prevé un incremento de los sueldos públicos del 2%. Esto es así porque mientras las pensiones suben con la inflación media registrada en los doce meses previos a diciembre del año en curso, las nóminas de los funcionarios se revalorizan en función del IPC previsto. Y así lo ha comunicado a Bruselas antes de abrir la negociación con los funcionarios. Desde CSIF advierten de que no aceptarán esa subida porque arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% desde el recorte de 2010. El sindicato ya ha iniciado movilizaciones y fuentes del mismo afirman que seguirán saliendo a la calle si no obtienen respuesta del Ministerio de Hacienda para iniciar la negociación en dos semanas. La ministra María Jesús Montero ha sido clara: el Gobierno no puede contribuir a la espiral inflacionista indexando los sueldos públicos. Pero ese argumento no es válido para los pensionistas porque tienen su poder adquisitivo garantizado por ley.
Las nubes negras sobre la economía
Para más inri, la perspectiva económica en el medio plazo no es muy favorable. Vienen nubarrones. La economista jefe de Singular Bank, Alicia Coronil, señala que Europa y España en participar se enfrenta a "un verano más caluroso de lo habitual, un aspecto que también afecta al consumo energético y a la actividad económica". Con unos precios energéticos más altos de lo habitual, el incremento de la demanda puede suponer más tensionamiento y un mayor encarecimiento. Además, Coronil subraya que "la depreciación del euro frente al dólar no ayuda" a contener las tasas de inflación en España. En el ámbito internacional, tampoco ve señales de mejora en las cadenas de suministro y la nueva ola de Covid en China supone un freno para una eventual mejora de las mismas.
La confianza de los consumidores españoles continúa, además, en mínimos, aunque es cierto que ha subido ligeramente con respecto al mes pasado. Según los datos de la Comisión Europea, se sitúa en -22,6, casi 10 puntos por debajo de la marca de enero de este año. Sobre la perspectiva para los próximos 12 meses, los españoles no son demasiado optimistas, el dato mejora en más de tres puntos con respecto a abril (-26), pero se ha hundido 16 puntos desde comienzos de este año. Estas cifras se trasladan al retraso en las decisiones de compra de bienes duraderos, según explica la economista.
De hecho, si se tienen en cuenta los recursos que los españoles acumulan en depósitos bancarios estos crecieron un 2,3% entre enero y abril de este año, frente al incremento del 0,8% del pasado ejercicio. Esto demuestra que el ahorro vuelve a repuntar ante la incertidumbre económica. Además, los datos de pagos con tarjeta que recoge BBVA Research muestran una caída desde finales de abril en el transporte, hoteles y restaurantes.
Las empresas también notan esta moderación en el consumo. Los datos de ventas interiores diarias que publica la Agencia Tributaria muestran un avance interanual del 31% con respecto al año anterior, pero el último dato, publicado el pasado jueves, arroja un deterioro de más de tres puntos frente al de la semana anterior. "Alta incertidumbre", concluye el Gobierno.
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