La inseguridad, un quebradero de cabeza para presidente electo de El Salvador

Luis Alfredo Martínez

San Salvador, 5 abr.- La inseguridad que agobia a los salvadoreños ya es un quebradero de cabeza para su presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, que a falta de dos meses para asumir el poder se tomará "todo el tiempo posible" para nombrar un ministro de Seguridad "idóneo" porque la población espera "resultados".

Desde hace varios meses, los salvadoreños ven cómo los homicidios vuelven al alza después de que una "tregua" entre las pandillas más violentas del país hizo bajar las estadísticas de asesinatos desde de marzo de 2012.

Pero ese pacto de no agresión, que no consiguió reducir los demás delitos cometidos por los pandilleros, "no funcionó" como vía para lograr una reducción permanente de los homicidios, como cuestionó recientemente el arzobispo de San Salvador, Jose Luis Escobar.

Sánchez Cerén, quien asumirá la Presidencia el 1 de junio próximo, confesó en recientes declaraciones a la prensa que le preocupa que la población le exija eficacia en el combate de la delincuencia, para lo cual necesita un buen ministro de Seguridad.

"Uno de los principales resultados que yo voy a tener que demostrar es el de disminución de las extorsiones, la disminución del crimen", admitió el excomandante guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Por tanto, escoger al ministro de Seguridad "es un tema que requiere pensarlo bien, analizarlo bien; yo no me puedo apresurar", respondió el mandatario electo a periodistas que le insistían en conocer quién ocupará ese cargo.

"Tengo que tomarme todo el tiempo que sea posible; eso tengo que anunciarlo a partir del 1 de junio", enfatizó.

Las encuestas electorales coincidieron en que la inseguridad es el principal problema de los salvadoreños, seguido del desempleo.

El FMLN es el partido en el poder desde 2009 y ganó otro mandato de cinco años en los comicios del 9 de marzo pasado.

Sánchez Cerén ya nombró a una decena de ministros, entre ellos, algunos que integraron o son parte del Gobierno saliente de Mauricio Funes, lo que apunta a una continuidad gubernamental en áreas como Relaciones Exteriores, Turismo, Hacienda u Obras Públicas.

Para Seguridad está buscando a "la persona más idónea", que "garantice aplicar la visión mía" de enfrentar la violencia con "dos manos inteligentes", una de ellas "la firmeza del Estado a través de la represión", planteó el presidente electo.

La otra "mano inteligente", contrapuesta a la "mano dura" de gobiernos anteriores, es la tarea preventiva y la generación de "mejores condiciones de vida para la familia", dijo.

El mandatario agregó que otros requisitos del próximo ministro de Seguridad son que "sea una persona eficaz", que "conozca a profundidad el tema" y que "tenga propuestas, iniciativa para resolver ese asunto" de la inseguridad.

Sánchez Cerén, como actual vicepresidente del país, rechaza que el Gobierno de Funes haya negociado con las pandillas para que acordaran la "tregua".

Este pacto, consistente en que los pandilleros no se maten entre sí, bajó las estadísticas de homicidios desde 2012, pero los salvadoreños siguen sufriendo extorsiones, robos, asaltos y otros delitos de las pandillas.

En los últimos meses, las cosas han empeorado al haber un repunte de asesinatos, que el actual ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, atribuye a "guerras" y "purgas internas" en la Mara Salvatrucha y la 18, las principales pandillas involucradas en la "tregua".

La más reciente prueba, aunque los datos policiales también lo han reflejado, la dio un informe del Instituto de Medicina Legal (IML), que indicó que los homicidios aumentaron en 243 en el primer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, al pasar de 551 a 794.

En su primer año, la "tregua" bajó el promedio diario de homicidios de 14 a 5,3, según Seguridad, pero en su segundo aniversario, en marzo de este año, repuntó a 9,9, indicó el director del IML, José Miguel Fortín, un fuerte crítico del arreglo entre maras.

Fortín sostiene que los pandilleros nunca dejaron de matar, sino que ocultaron sus crímenes en enterramientos clandestinos, tal como lo demostró el hallazgo, a finales de 2013, de 28 cadáveres en un sector rural cercano a San Salvador.

Los desaparecidos aumentaron en un 96,3 % entre 2012 y 2013, de 545 a 1.070, según datos policiales.