La Fiscalía del Tribunal Supremo lleva más de un año tratando de indagar sobre el patrimonio presuntamente oculto de Juan Carlos I, hechos por los que mantiene abiertas tres líneas de investigación. Todo comenzó el 8 de junio de 2020 cuando la Fiscalía General del Estado confirmaba que dicha sección del Ministerio Público asumía la investigación contra el Rey emérito para "delimitar o descartar" la relevancia penal que podría tener el presunto cobro de comisiones irregulares por su intermediación en la adjudicación de las obras del AVE a la Meca en favor de un grupo de empresas españolas.
La Fiscalía Anticorrupción venía dirigiendo las pesquisas relacionadas por el “AVE al desierto”, pero “dada la trascendencia institucional” del asunto, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entendió que la competencia para investigar la tenía un representante del Ministerio Público en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ante la que el emérito está aforado. Por ello, designó a un fiscal de “extraordinaria cualificación y experiencia", Juan Ignacio Campos, al que posteriormente ascendió como teniente fiscal del alto tribunal.
Esta primera línea de investigación se centra en averiguar si 100 millones de dólares ingresados en una cuenta del banco Mirabaud en Panamá a nombre de la fundación Lucum, y que el padre de Felipe VI recibió en 2008 del Rey saudí Abdul Aziz Al Saud, en realidad forman parte de una comisión por mediar en la obra de ampliación del tren de alta velocidad. La noticia sobre la apertura de estas diligencias de investigación no solo supuso un terremoto mediático y político, sino que provocó que Don Juan Carlos saliera de España el 3 de agosto de 2020 rumbo a Emiratos Árabes Unidos, desde donde sigue el avance de las pesquisas. Unos cuatro meses después de la apertura de las primeras pesquisas se iniciaron otras dos líneas de investigación: una, por el supuesto uso de tarjetas opacas por parte del monarca emérito y otros miembros de su familia; y otra, por presuntos delitos fiscales.
Diversas comisiones rogatorias
Así, con el fin de “confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación”, la Fiscalía del Supremo ha solicitado a lo largo de este año varias comisiones rogatorias a Suiza y otros países. La última reclamación de información a las autoridades helvéticas fue el pasado 24 de febrero en relación a todas las cuentas en dicho país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019, entidad que pertenece a Álvaro Orleans-Borbón, primo lejano del ex jefe del Estado. El fiscal apuntó en su petición de auxilio judicial que Juan Carlos I habría cobrado "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", por lo que le atribuye la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias, según ha informado el diario 'El Mundo'.
Juan Carlos I habría cobrado "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", según el fiscal del Tribunal Supremo.
Las reiteradas peticiones de información a Suiza se debe a que el fiscal Yves Bertossa inició en 2018 una investigación contra la empresaria y ex amiga íntima del emérito, Corinna Larsen -a quien Juan Carlos I habría transferido buena parte del dinero del Rey de Arabia Saudí a través de otro banco suizo con sede en las Bahamas-, el asesor fiscal Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica, quienes constituyeron las fundaciones Lucum y Zagatka, en las que el monarca aparece como beneficiario.
Fue en octubre de 2020 cuando la Fiscalía del Supremo inició un segundo expediente -aunque saltó a la luz en noviembre- para esclarecer si don Juan Carlos y otros miembros de su familia habrían hecho pagos a través de tarjetas de crédito con fondos opacos. En concreto, se analiza si el dinero, presuntamente procedente de donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, se canalizó a través de cuentas bancarias a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga. Pero la cuestión no quedó aquí, pues la propia Delgado, junto al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, desveló unos días más tarde que el Ministerio Público tenía en marcha una tercera línea de investigación que tiene su origen en una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), y por la que se rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que el emérito habría intentado mover.
Hasta el momento las investigaciones no han contado con grandes avances, al menos que hayan trascendido públicamente. Sobre las pesquisas relacionadas con el AVE a La Meca, catedráticos y expertos en Derecho Penal consultados por este diario ven complicado que se presente una querella y se judicialice el caso, aunque haya indicios en contra del Rey emérito, ya que el presunto cobro de comisiones tuvo lugar antes de junio de 2014, cuando perdió la inviolabilidad tras abdicar en Felipe VI. No obstante, los juristas destacan que esta premisa no es del todo firme, puesto que no hay precedentes en los que apoyarse y que determinen si dicho privilegio es vitalicio.
Dos regularizaciones fiscales
Asimismo, el hecho de que el Rey emérito presentara dos regularizaciones fiscales podría impedir una acción penal contra él por delitos fiscales, ya que, según resaltó su defensa, ejercida por el abogado Javier Sánchez-Junco, se hicieron sin “requerimiento previo” de Hacienda. La primera tuvo lugar el 9 de diciembre del año pasado por el importe de 678.000 euros en relación al uso, entre los años 2016 y 2018, de las tarjetas con fondos del empresario mexicano. La segunda llegó el pasado 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que ascenderían a más de 8 millones de euros relacionados con determinados gastos por viajes y servicios realizados por don Juan Carlos a cargo de la Fundación Zagatka, en la que se encontraba como beneficiario hasta junio de 2020. Su primo lejano Álvaro de Orleans asegura que la fundación es suya y que no ejerce de "testaferro". Por su parte, Hacienda advirtió que el asunto no queda zanjado, sino que comprobará si el ajuste realizado es completo y veraz.
Aunque el horizonte penal sobre el emérito aún no se ha determinado -al Tribunal Supremo tan solo ha llegado una querella de Izquierda Unida que ha sido rechazada hasta en dos ocasiones-, ni hay una fecha concreta que limite el tiempo de la investigación; lo que sí está claro es el daño reputacional que ha causado a la Casa Real. Así, el 15 de marzo de 2020, justo un día después de que saliera la publicación en el ‘Sunday Telegraph’ sobre el regalo millonario de Arabia Saudí, Felipe VI anunció que le retiraba la asignación y renunció a toda herencia que pudiera corresponderle de su padre “cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad”.
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