Cuatro años después de renunciar a la violencia, esta organización armada, a la que se le atribuyen 829 muertos en más de cuatro décadas de lucha por la independencia del País Vasco, rechaza disolverse exigiendo antes una negociación sobre sus presos.
Pero a mediados de enero, la izquierda independentista se desmarcó de esta reclamación consiguiendo un acuerdo judicial para evitar el encarcelamiento de 35 militantes.
Importantes dirigentes de antiguos partidos independentistas, considerados el brazo político de ETA, admitieron por escrito haber desarrollado actividades políticas en nombre del grupo que figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y se comprometieron a contribuir "a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y el sufrimiento causado".
A cambio, los militantes de estas formaciones, principalmente Batasuna, ilegalizada en España en 2003, fueron condenados a dos años de prisión, con la garantía de que no ingresarán en prisión.
En la víspera de ese acuerdo, otro dirigente histórico del partido independentista Sortu, Rufi Etxebarria, recomendó priorizar la vía legal antes que la política para conseguir liberaciones de los presos de ETA, rompiendo así la tradición de solidaridad entre los prisioneros para buscar un amnistía global.
"Después del anuncio del cese de la violencia de ETA en 2011, es de lo más importante que ha pasado", señala el secretario por la paz del gobierno vasco, Jonan Fernández.
"Es histórico", asegura a la AFP Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional encargada de supervisar el acuerdo penal.
"El reconocimiento llega tardísimo visto el enorme dolor" de las víctimas, opina Iñaki Oyarzábal, senador y parlamentario vasco del Partido Popular (derecha), estimando que "es el primer paso de los muchos que les quedan".
Sin embargo, esta maniobra fue recibida como una traición entre las familias de los presos de ETA, según reconocieron a la AFP. Muchos de ellos podrían estar en libertad condicional, pero renunciaron a ello por solidaridad.
"Estamos en un tiempo político en el que es prioritario ir dando pasos hacia ese objetivo que es ir vaciando las cárceles de presos políticos", argumenta a la AFP Pernando Barrena de Sortu.
En su opinión, este cambio de táctica permitirá la salida en dos años de dos tercios de los 500 prisioneros de ETA, un centenar de ellos en Francia, encarcelados por actividades políticas y no crímenes de sangre.
Pero eso dependerá de la política penitenciaria de España y Francia y, según una fuente judicial española, solo un centenar de ellos podrán ser liberados.
Esta estrategia, renunciando a la amnistía global y reclamando individualmente beneficios penitenciarios, "es imposible a corto plazo", opinan los antiguos prisioneros Sendoa Jurado y Ziorta Fernández en un artículo en la revista vasca Argia, señalando que los detenidos deberán "arrepentirse y colaborar con la justicia española".
Pero ésta podría estar acompañada por grandes gestos vinculados con el desarme de la organización. "Una gran cantidad de armas y explosivos ya está sellada", anunció al diario vasco Gara David Pla, uno de los últimos jefes de ETA detenido en septiembre en Francia.
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