La izquierda plural pide al congreso que “deje claro que un presidente del gobierno no puede mentir en sede parlamentaria”

El portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, José Luis Centella, manifestó este martes que el Congreso debe dejar claro que un presidente del Gobierno no puede mentir en sede parlamentaria, como hizo Mariano Rajoy sobre el ‘Caso Bárcenas’.
Así lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados, al defender la moción de su grupo parlamentario sobre “regeneración democrática y lucha contra la corrupción política” y que pide a la Cámara Baja que manifieste “su rechazo a la política general de comunicación del Gobierno con esta Cámara por su falta de transparencia y rigor, como pudo evidenciarse particularmente” durante la comparecencia del presidente del Gobierno celebrada en el Senado el pasado 1 de agosto, en la que se refirió al ‘Caso Bárcenas’.
Señaló también que “la ciudadanía reclama transparencia” y, en consecuencia, el Congreso debe dar respuesta a esa demanda, creando, por ejemplo, una comisión para investigar cómo se financian los partidos políticos. “Qué imagen van a tener si decimos que no queremos que se investiguen cómo se financian los partidos políticos. No podemos seguir alentando dudas”, apostilló.
José Antonio Bermúdez de Castro (PP) dijo que la forma que tiene La Izquierda Plural de regenerar la democracia, como reza su moción, “es el todo vale para intentar desgastar un Gobierno elegido legítimamente por los ciudadanos, dictando una sentencia condenatoria anticipada” cuando aún no ha concluido la instrucción del ‘caso Bárcenas’. “No generen polémicas artificiales”, dijo.
Pablo Martín Perè (PSOE) manifestó que “la recuperación de la credibilidad necesaria” en la Cámara Baja, “no solo pasa por dotarla de mayor transparencia,”, sino por que haya “decencia y ética” por parte de todos los parlamentarios que integran el Congreso.
Jordi Janè (CiU) celebró el conjunto de medidas recogidas en la moción, por entender que “van en la línea correcta”, si bien rechazó el primer punto, por entender que es una “reprobación encubierta”, y el relativo a la creación de una comisión para investigar la financiación de los partidos, por considerar que hay una vía judicial abierta.
OBSTRUCCIONISMO
Rosa Díez (UPyD) manifestó que es “absolutamente incompatible con una democracia del siglo XXI es que se prohíba” a los diputados “el derecho a debatir, porque se ejerce una mayoría de coacción, de control y de impedimento del ejercicio” al que están obligados. Añadió que la mayoría absoluta no le da derecho al PP a “cercenar” con su “obstruccionismo” ese derecho parlamentario a debatir.
Pedro Azpiazu (PNV) señaló que “no decir toda la verdad es una irresponsabilidad política” y que “la luz siempre clarifica más que las sombras”. Añadió que su grupo es “partidario del debate, sin alarmas ni trazos gruesos” y defendió que el Congreso debe “avanzar en la adopción de medidas como las que se plantean en esta moción”.
Por su parte, el diputado de UPN, Carlos Salvador, presentó una enmienda para que la propuesta para la reforma de la financiación de los partidos políticos “contenga, entre otras cuestiones, la prohibición de las donaciones y la condonación de préstamos a los partidos políticos”.
Fuentes del grupo parlamentario de La Izquierda Plural señalaron a Servimedia que no aceptarán esta enmienda.
Por parte del Grupo Mixto también intervino Joan Baldoví (Compromís-Equo) quien hizo hincapié en la “sensación amarga de los ciudadanos” cuando se dictan determinadas sentencias y determinados indultos. “El foso entre la política y los ciudadanos es cada vez más grande y profundo”, advirtió.
LA MOCIÓN
La moción de La Izquierda Plural pide a la Cámara Baja que manifieste “su rechazo a la política general de comunicación del Gobierno con esta Cámara por su falta de transparencia y rigor, como pudo evidenciarse particularmente” durante la comparecencia del presidente del Gobierno celebrada en el Senado el pasado 1 de agosto, al quedar en entredicho las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria sobre su relación con Luis Bárcenas, extesorero del PP, y la supuesta trama de financiación ilegal de su partido.
El resto de la moción que hoy registró el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara es exactamente igual a la que ya presentó anteriormente. Así, la iniciativa busca que la Cámara Baja apruebe que “la Ponencia de la Comisión de Reglamento presente una propuesta de reforma del mismo antes de la finalización del presente periodo de sesiones”.
Asimismo, busca que el Congreso apruebe constituir “una comisión de investigación que tenga por objeto el estudio de la financiación de los partidos políticos, así como los casos de financiación irregular o ilegal, con la finalidad de mejorar los mecanismos de fiscalización”.
Otro de los puntos de la moción insta al Gobierno “a que en el futuro plan de lucha contra la corrupción que pudiera presentar” incluya medidas relativas a la persecución de este tipo de delitos, así como otras para la prevención y lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales.
Asimismo, reclama medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas, una reforma del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas y la responsabilidad que pudiera derivarse, y también una reforma del Tribunal de Cuentas.
Una reglamentación de los lobbies o grupos de presión, la regulación de las campañas electorales y una reforma de la financiación de los partidos políticos son otras de las medidas que propone la Izquierda Plural en su moción .