La izquierda se abre paso en Colombia entre amenazas, asesinatos y espionaje

Daniel M. Salazar Castellanos

Bogotá, 5 feb.- La izquierda colombiana, representada por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Unión Patriótica (UP) y Marcha Patriótica, se abre paso entre amenazas, asesinatos de sus integrantes y escuchas ilegales a un mes de las elecciones legislativas del 9 de marzo.

Marcha Patriótica, liderada por la exsenadora Piedad Córdoba, la única de las tres fuerzas que no se presenta a las elecciones, ha denunciado el asesinato de 30 de sus miembros desde su fundación, en abril de 2012, y la apertura de procesos judiciales contra más de 200.

Este movimiento incluso se ha planteado la posibilidad de disolverse por la falta de garantías.

"Estamos analizando si se debe continuar para garantizar la vida de quienes nos acompañan. Pensamos en acabar el movimiento, es una decisión difícil", aseguró Córdoba a finales de enero.

A ello se suma el último escándalo de espionaje revelado por la revista Semana, la denominada operación "Andrómeda", por la que el Ejército ha interceptado las comunicaciones de varios líderes de izquierda, entre ellos Iván Cepeda, del PDA, y de la propia Córdoba, así como de los negociadores del Gobierno con las FARC.

Esta revelación surgió en paralelo con la difusión de una serie de cartas amenazantes firmadas por "Los Rastrojos" y "Las Águilas Negras", bandas criminales herederas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), contra los líderes de UP y del Partido Comunista.

En la última de estas misivas, los paramilitares instaron a distintas figuras de la izquierda como la candidata presidencial de UP, Aída Avella, el alcalde de Bogotá, el exguerrillero Gustavo Petro, el abogado Alirio Uribe o el propio Cepeda, a dejar la política a cambio de conservar sus vidas.

A Avella, quien abandonó el país durante 17 años después de haber sufrido un atentado en Bogotá, le advirtieron: "recuerde que si fallamos una vez no fallamos dos veces", mientras que a Cepeda le mencionaron "el ajusticiamiento de su padre terrorista", en referencia al senador de UP Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por efectivos del Estado.

Esta serie de episodios traen a la memoria el exterminio de los integrantes de UP, un partido de izquierdas que nació en 1985 a raíz de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y que fue prácticamente exterminado mediante el asesinato de unos 4.000 de sus miembros.

Este partido ha recuperado ahora la personería jurídica y es por ello que Avella ha regresado a Colombia de su largo exilio para ser candidata presidencial en las elecciones del próximo mayo.

Ante este escenario, tanto el presidente Juan Manuel Santos como el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, han pedido a la Policía, a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección que investiguen las amenazas que están sufriendo los miembros de estos partidos para ofrecerles garantías y seguridad en el ejercicio de la oposición.

Pese a eso, Pinzón sostuvo en una carta a la Fiscalía que "no hay ninguna organización que en sí misma tenga algún tipo de persecución en Colombia".

Sin embargo, la candidata presidencial por el PDA, Clara López, aseguró a Efe que durante la campaña se están presentando "muchos problemas de seguridad, que han sido atendidos medianamente por las autoridades".

"Hacer política fuera de las grandes ciudades de Colombia es complicado y más cuando el apoyo en materia de seguridad por parte del Estado es precario", López.

La violencia, las amenazas, los asesinatos y la falta de garantías políticas, comentó la candidata, son señales de que Colombia vive en una "democracia demasiado restringida, demasiado recortada, en donde todo es formal", donde domina además "una falta de igualdad de condiciones".

En La Habana, ciudad done se celebra el diálogo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano desde finales de 2012, las partes alcanzaron el pasado noviembre un acuerdo sobre participación política que incluía las garantías para ejercer la oposición en Colombia.

Las FARC, precisamente, exigieron que, "para que este proceso de paz no termine en una farsa o en una comedia, en sonoridades de palabras vacías sobre expansión de la democracia, es urgente que el Gobierno detenga el vía crucis de la Marcha Patriótica".