La juez de Barcelona que instruye el 1-O ha procesado a 30 investigados por malversación y prevaricación, entre otros, aunque ha exculpado al exsenador de ERC Santi Vidal y al arquitecto jurídico del "procés" Carles Viver i Pi Sunyer y no se pronuncia sobre el aforado Lluis Salvadó, exsecretario de Hacienda.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesa a 30 investigados, entre ellos varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont, por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.
Teniendo en cuenta el importe del gasto público "realizado o comprometido" para la celebración del referéndum, que la juez eleva hasta unos 4,3 millones de euros, el auto fija para los 17 procesados por malversación una fianza por responsabilidad civil de 5,8 millones de euros, al sumar un tercio de la cifra supuestamente defraudada para afrontar las responsabilidades finales del pleito.
La juez da un día a los 17 procesados por malversación para que, una vez se les notifique la resolución judicial, aporten la fianza solidaria, con la advertencia de que si no lo hacen se procederá al embargo de sus bienes suficientes para cubrir esta responsabilidad pecuniaria.
Sobre los gastos del referéndum ilegal
Otras partidas que incluye en el delito de malversación son 268.374 euros para impulsar el voluntariado vinculado al 1-O, 3.050 euros para el diseño de páginas web y 83.880 euros en propaganda y cartelería.
Así, la juez procesa a los exaltos cargos del Govern Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Meritxell Massó y al exsecretario general del Diplocat Albert Royo, entre otros, y exculpa a 15 investigados, entre ellos a Santi Vidal -cuyas conferencias en las que desveló que el Govern ocultaba una partida de 400 millones para las estructuras de Estado propiciaron la apertura de la causa judicial- y a Carles Viver i Pi Sunyer.
También procesa por desobediencia a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, y a la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales: su administradora única Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y al director corporativo, comercial y de marketing, Martí Patxot.
Sobre los gastos del 1-O, la juez cuantifica en un millón de euros el dinero para envíos postales, 900.906 para el arrendamiento de locales cedidos o habilitados para la votación, 1,2 millones para las obras de reforma del centro de telecomunicaciones que debía de servir como "call center" del referéndum, 472.694 euros para el registro de catalanes en el exterior y 391.381 en gastos del Diplocat y observadores internacionales.
Por contra, la juez señala en su escrito que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó, uno de los detenidos en la operación del 20S de 2017, dada su condición de aforado, ya que es diputado en el Parlament por ERC.
Salvadó, que ha sido citado como testigo el próximo día 23 en el juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo, queda así en el limbo, puesto que ya no figura como imputado en la causa del juzgado de instrucción 13 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), órgano competente para los aforados como él, tampoco le investiga por el momento.
De hecho, en la exposición razonada que el juez del 13 remitió al TSJC para que investigara a Josep Maria Jové, exnúmero 2 de Oriol Junqueras, y al actual conseller de Economía Pere Aragonés -que finalmente no fue imputado por el alto tribunal catalán- omitió a Salvadó, uno de los primeros imputados en la causa.
Según la juez, Alejandra Gil, que asumió la causa tras la muerte en noviembre del pasado año del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, los procesados establecieron un "plan común" para, en el marco de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, contribuir de "manera decisiva" a la celebración del referéndum, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
"Intensidad creciente desde 2012"
La juez resalta el "firme propósito" de la Generalitat, "exteriorizado con intensidad creciente desde 2012", para celebrar una consulta referendaria, que fue "ensayada" el 9-N de 2014, para ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado independiente de España, que se plasmó el 1-O y tuvo como "corolario" la DUI del 27 de septiembre.
Para el tribunal, los procesados en esta causa, que se abrió en febrero de 2017, trazaron una "línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales" y a ser "conscientes" de la ilegalidad de las actuaciones tendentes de la convocatoria y celebración del referéndum.
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