Nuevo giro en la investigación penal por la celebración del 8-M. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha retrasado el interrogatorio por prevaricación al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, al día de 10 junio y ha ordenado que tanto su declaración como la de las testificales señaladas en un principio para el día 5 sean presenciales y no por la vía telemática como se iban a celebrar en un primer momento. Se trata de una decisión que adopta justo una semana después de incorporar a la causa el atestado de la Guardia Civil que concluye que las marchas en la capital se tendrían que haber suspendido desde primeros de marzo por la amenaza del coronavirus.
El retraso de estas citaciones se acuerda después de que la Abogacía del Estado, que no ve delito en estos hechos y le acusa de intentar crear una "causa general" por la crisis, haya pedido más tiempo para prepararse la causa. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 accede a este reclamo si bien asegura que le "resulta sorprendente" que los servicios jurídicos del Gobierno soliciten más margen puesto que accedieron a todo el material que obra en la causa el pasado 26 de mayo, por lo que disponían de 8 días para estudiarse las actuaciones antes de acudir a la citación inicial prevista para el 5 de junio.
Así pues, y de acuerdo con el contenido de la providencia, se deja para el día 10 de junio a las 15.30 horas el interrogatorio al delegado de Gobierno y las testificales previstas a Fernando Talavera Esteso (secretario general de dicha Delegación); Luis María Sanz (jefe del gabinete) y José Luis Correa (director de la Unidad de Seguridad Ciudadana). Si bien en un primer momento acordó que estas citaciones se celebraran por vía telemática siguiendo el modelo lanzado por Justicia tras el estallido de la crisis, ahora la magistrada rectifica y ordena que sean presenciales "a la vista de la incidencia técnica" ocurrida en otras declaraciones de su juzgado.
Tres escritos de la Abogacía
La juez adhiere al caso un total de tres escritos presentados en los últimos días y que vendrían a sumarse al duro recurso conocido esta semana. En el mismo, la Abogacía acusaba a la magistrada de no tener pruebas para actuar, más allá de "meras sospechas", y dijo que se había puesto en marcha una especie de "causa general" contra toda la Administración por la gestión de la crisis. Esta semana, los servicios jurídicos del Gobierno han vuelto a la carga y han recurrido la providencia de la magistrada en la que fijaba la fecha para tomar declaración a Franco y acordaba requerir documentación clave al Ministerio de Sanidad.
Igualmente también se han opuesto a la petición del abogado Esteban Gómez de figurar en la causa como acusación popular. El letrado intentó personarse en este procedimiento penal a principios de abril si bien la magistrada Rodríguez-Medel tumbó la pretensión, lo que motivó que interpusiera un recurso contra el que se opone ahora la Abogacía. Finalmente, en su tercer y último escrito, piden más margen de tiempo para estudiarse todo el material que obra en el sumario antes de celebrar las citaciones. Pretensión a la que ha accedido la instructora.
Las derivadas del informe
Entre ese material adherido recientemente se encuentran las dos periciales encargadas por la magistrada cuando admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares. Se trata del informe encargado al médico forense para esclarecer si hubo un riesgo de contagio real con la celebración de manifestaciones en Madrid y el atestado de la Guardia Civil. El documento aportado por la Policía Judicial el pasado jueves derivó en una crisis sin precedentes dentro del departamento de Interior después de que altos cargos de este Ministerio hubieran intentado averiguar el contenido del mismo a través del superior jerárquico de los agentes encargados del atestado, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
Su negativa a compartir información de este documento derivó en su cese que ha venido seguido de una cascada de renuncias en la cúpula del Instituto Armado, siendo la última la producida este mismo miércoles tras la marcha del hasta ahora número tres, el teniente general Fernando Santafé. El ministro Grande Marlaska niega coacciones de ningún tipo para haber intentado acceder a este duro atestado el cual no está cerrado ya que las pesquisas siguen abiertas en el juzgado. De hecho, el estallido de esta crisis a comienzos de semana llevó a la instructora a dirigirse con el departamento del ramo para recordarle que la Policía Judicial al frente de una investigación solo tiene que rendir cuentas a los que forman parte de la misma y nadie más.
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