La juez dice que el caso de los ERE "parece un serial televisivo"

  • La juez que investiga los ERE fraudulentos ha afirmado en un auto que el caso está teniendo una difusión excesiva en los medios de comunicación y en ocasiones adquiere "un aspecto novelesco o de serial televisivo".

Sevilla, 30 jul.- La juez que investiga los ERE fraudulentos ha afirmado en un auto que el caso está teniendo una difusión excesiva en los medios de comunicación y en ocasiones adquiere "un aspecto novelesco o de serial televisivo".

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza el recurso contra su imputación presentado por el ex director general de Trabajo Daniel Rivera, que declaró hace dos semanas, y enumera diez aspectos que demostrarían que tuvo conocimiento en su mandato (2010-2012) de las ayudas irregulares y, pese a ello, no lo denunció ni las interrumpió.

Alaya aprovecha la referencia del ex alto cargo en su recurso al impacto que está teniendo en los medios informativos la investigación sobre los ERE para afirmar que ella misma "lamenta la situación" en la que pueden encontrarse Rivera y los otros 59 imputados en la causa "por la difusión excesiva de la misma, provocada en muchos casos por las comunicaciones interesadas de algunas de las partes".

Esas filtraciones, "contrarias frecuentemente a la realidad, dan a la presente investigación un aspecto novelesco o de serial televisivo, completamente alejado del interés de los que intervenimos en la instrucción y del enorme trabajo que supone", dice el auto.

La juez afirma que los delitos imputados a Rivera, especialmente los de prevaricación y malversación, han sido corroborados por diez aspectos reconocidos por él mismo en su comparecencia, como el hecho de que las ayudas que dio no se fiscalizaron ni publicaron en el Boletín Oficial de la Junta, y que hasta una orden de 1 de abril de 2011 las subvenciones se otorgaban "con criterios discrecionales".

Alaya, en otro auto al que ha tenido acceso Efe, ordena a varios bancos que faciliten todos los datos que pida la Guardia Civil, dentro de las diligencias de investigación ordenadas para "aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe determinar "el papel desempeñado por las diferentes empresas tramitadoras de los expedientes, mediadoras, aseguradoras, despachos de abogados, asociaciones y personas físicas y jurídicas", así como las comisiones percibidas por todos ellos, precisa el auto.

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