La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga si se cometió delito con la autorización de la marcha del 8-M, ha requerido a la Delegación del Gobierno de Madrid para que aporte la primera "comunicación, indicación, alerta o noticia" que recibieron en relación con el coronavirus. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid dirige esta comunicación al secretario general del órgano, Fernando Talavera, después de que éste asegurara en un escrito enviado al juzgado que no les consta haber recibido advertencias sanitarias antes del día 14 de marzo.
En su providencia de este mismo martes, la instructora que investiga al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por delito de prevaricación, apunta que el juzgado ha recibido toda la documentación aportada por Talavera en el día anterior, aunque insiste en conocer cual fue la primera alerta sanitaria que se les envió y sobre todo cuándo la recibieron. Por ello le pide que, en caso de no exista advertencia alguna por parte del Ejecutivo central, ratifique antes del 3o de abril que la primera noticia sobre la gravedad de la crisis la supo solo con la publicación en el BOE del Real Decreto 463/2020 del 14 de mayo por el que se declaró el estado de alarma.
Al hilo de lo anterior, solicita al secretario general que le especifique cuándo recibieron en la Delegación las dos resoluciones del 6 de marzo de 2020 de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Los documentos incluían las medidas adoptadas en materia de salud pública sobre la actividad de centros de mayores, hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social. Además, detallaban la normativa fijada en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de los centros sanitarios como actuación de prevención frente el avance de la pandemia.
Ambos documentos fueron publicados en el BOCM el 7 de marzo de 2020, tal y como expone la juez, que recuerda que en uno de sus apartados se ordenaba expresamente ponerlos en conocimiento de la Delegación del Gobierno. Por ese motivo, quiere que Talavera especifique si, efectivamente, recibió las primeras advertencias antes del 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma. Entre la batería de diligencias que ahora acuerda la titular se encuentra también que se le informe acerca de si este organismo, que depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, recibió las medidas de precaución relacionadas con la Covid-19 que la Comunidad de Madrid emitió el pasado 5 de marzo.
Como última petición reclama que se recabe también de la Delegación del Gobierno cualquier instrucción que este ente dio al personal a su cargo entre los días 19 de febrero y 14 de marzo. La magistrada da de plazo hasta el próximo 30 de abril para que el secretario general aporte toda esta documental requerida, la cual, será analizada por la Policía Judicial encargada de elaborar el atestado de investigación. La instructora, que abrió causa contra Franco a tenor de una denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares, ya ha incorporado al sumario el dictamen del médico forense adscrito a su juzgado el cual sentenció que no veía causalidad entre acudir a una marcha y contagiarse con coronavirus.
El resultado de esta pericial llevó a la magistrada a archivar la investigación en lo relativo a la comisión del presunto delito de lesiones por imprudencia profesional. De esta manera, el procedimiento continúa contra el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid únicamente por el delito de prevaricación por haber autorizado la celebración de la marcha relativa al Día Internacional de la Mujer en la que participaron un total de 120.000 personas. El denunciante considera que se actuó al margen de las advertencias realizadas no solo desde el Ministerio de Sanidad sino también desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de la peligrosidad de celebrar actos multitudinarios.
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