La juez ve indicios de actos "ilícitos" del exdelegado de la Junta

Sevilla, 27 ene.- La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha confirmado la imputación del exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, del que hay indicios de que cometió actos "ilícitos" como incluir a sus familiares en las ayudas sin tener derecho.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, dice que Rivas, como delegado de Empleo, tuvo un "papel activo" en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007, donde han aparecido irregularidades "graves" como la inclusión de "intrusos" o la prejubilación de cinco trabajadores sin cumplir el requisito de tener 50 años.

La juez asegura además que Rivas "conocía" que la mayor parte de la financiación de ambos ERE iba a ser financiada por la Junta de Andalucía -5 millones de euros el primero y 9 millones el segundo- extremo que, según fuentes del caso, desmiente el argumento de la Junta de que el compromiso de pago del segundo fue una decisión unilateral de su ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa.

El auto destaca, entre los indicios contra Rivas, el hecho de que fue alcalde de Camas (Sevilla) entre 1991 y 2000 y que dos familiares suyos residentes en dicha localidad fueron incluidos en los ERE de Surcolor y Intersur sin haber trabajado nunca en esas empresas "y sin que consta que solicitaran alguna ayuda pública".

Respecto a Mercasevilla, el auto recoge que su primer ERE estuvo motivado por tener una plantilla "sobredimensionada" y en un periodo de dos años volvió a contratar al mismo número de trabajadores despedidos, y pese a ello Rivas "no apreció ninguna irregularidad" y en 2007 volvió a autorizar la extinción de 64 contratos.

Además, Rivas autorizó la inclusión de cuatro trabajadores que no pertenecían a Mercasevilla sino a su Fundación y en el ERE de 2007 la de Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca trabajó en el mercado.

Añade el auto que del ERE de 2007 se benefició un trabajador que había ingresado en Mercasevilla el 16 de abril de 2007, días antes de la solicitud del ERE.

Como autoridad laboral, Rivas "conocía tal inclusión" y las demás presuntas irregularidades, dice la juez, que enumera el cruce de correos electrónicos y documentos que pruebas su "papel activo" en las negociaciones.

A la vez que rechaza el recurso de Rivas, la juez dice que su actuación "no concluía con la mera autorización del ERE" sino que habrá que investigar si era conocedor de la existencia de los intrusos, dada su "activa participación posterior, en estrecha colaboración con el director general" Guerrero.