La jueza finaliza la investigación del caso Scala y abre la fase de acusación

  • Palma.- La jueza del "caso Scala", sobre una supuesta trama delictiva en el Govern balear entre los años 2003-2007, ha finalizado la fase de investigación del asunto y ha abierto la fase en la que el fiscal y la acusación presentarán su escrito de acusación para la posterior apertura de juicio oral.

Palma.- La jueza del "caso Scala", sobre una supuesta trama delictiva en el Govern balear entre los años 2003-2007, ha finalizado la fase de investigación del asunto y ha abierto la fase en la que el fiscal y la acusación presentarán su escrito de acusación para la posterior apertura de juicio oral.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la jueza ha notificado hoy un auto, de unas 160 páginas, que consiste en el pase de la instrucción a procedimiento abreviado, lo que da por terminada la investigación y pasa el caso a la siguiente fase judicial, en la cual la Fiscalía, la acusación de la Comunidad y las defensas deberán presentar sus escritos.

En este caso se investiga una supuesta trama de corrupción en el Govern balear, dirigida según el fiscal por el exconseller de Comercio Josep Juan Cardona (PP), que se apropió de 3.700.000 euros en fondos públicos durante la legislatura pasada y provocó "sobrecostes" de contratos públicos por otros 3.300.000 euros.

Según señala el fiscal en su escrito pidiendo el final de la instrucción, el grupo, en el que Cardona ocupaba la posición de "líder o jefe-director", se regía por el lema de "más facturación, más comisión", lo que motivó que durante cuatro años dieran "una actividad frenética" al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual obtenían los ingresos de su "actividad criminal".

A fin de inyectar constantemente fondos públicos al CDEIB, para luego apropiarse de todo o parte de ellos, organizaron la asistencia de dicho organismo "a todas las ferias y eventos imaginables", al tiempo que contrataron "cientos de estudios e informe cuyo contenido era inútil a efectos del interés público", según el fiscal.

En este caso están imputadas 18 personas, principalmente por malversación, cohecho, prevaricación, fraude, falsedad y asociación ilícita, que podrían acarrear una condena total de 26 años de cárcel.

Junto a Cardona, el fiscal acusa al ex director de Promoción Industrial, Kurt Viaene; la ex gerente del CDEIB, Antonia Ordinas, y su esposa Isabel María Rosselló; al ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré (sobrino de Jaume Matas); a Julio Fernández Abad, Joan Rosselló, Daniela Beaumont y Arnoldus Van den Hurk.

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