La jueza pide investigar a los guardias civiles que implicaron a marta domínguez en la “operación galgo”

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, ha decidido deducir testimonio para investigar a los agentes de la Sección de Consumo y Medio Ambiente (Secoma) de la Guardia Civil que implicaron a la atleta palentina Marta Domínguez en la “Operación Galgo”, ante las presuntas irregularidades en las pesquisas que realizaron.

La magistrada subraya las presuntas irregularidades cometidas por la Guardia Civil en torno a la prueba “clave” contra Marta Domínguez, la trembolona que la atleta palentina hizo presuntamente llegar a su compañero Alberto García, también implicado en la causa.
El auto dictado por la jueza destaca que en el acta original de entrega y registro en el domicilio de Alberto García se señalaba que se encontraron “tres frascos vacíos” que “carecen aparentemente de interés”. “Si esto es así no se acierta a comprender qué frascos fueron fotografiados e identificados en la Unidad Central Operativa (de la Guardia Civil) conteniendo diversas cantidades de líquido”, señala el auto.
La jueza prosigue señalando que tras el registro del domicilio del atleta fueron remitidos al Laboratorio de la Agencia del Medicamento tres frascos conteniendo un líquido transparente oleoso amarillento que “desde luego no parece que fueran los hallados en el domicilio de Alberto García Fernández, puesto que estos estaban vacíos”.
Por estos motivos, Pérez Barrios ordena deducir testimonio de las actuaciones e iniciar una investigación para “depurar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los miembros del Secoma”.
NULIDAD DE LA PRUEBA
La magistrada también ha acordado la nulidad de los análisis efectuados sobre la trembolona así como los realizados en un laboratorio de Colonia (Alemania) sobre una ampolla de AMTH-2 intervenida a César Pérez Segovia, imputado en al causa por un delito de dopaje deportivo, ya que se realizaron sin su consentimiento y sin control de la autoridad judicial.
“No consta la identificación de la muestra, ni el código de identificación de la UCO, ni forma de conservación de su transporte. Todas estas irregularidades conllevan la ruptura de la cadena de custodia y la nulidad de los análisis efectuados en Colonia”, señala el auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).