La Junta de C.La Mancha tiene una deuda con la Universidad de 120 millones

Toledo, 7 jul.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene una deuda con la Universidad regional que asciende a 120 millones de euros, ha desvelado hoy el portavoz del Gobierno autonómico, Leandro Esteban, quien ha dicho que era conocida por el rector desde hace seis meses, aunque la hizo pública ayer.

A preguntas de los periodistas durante su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Esteban ha afirmado que "no es sano" que la denuncia del rector, Ernesto Martínez Ataz, se produzca cuando el nuevo Gobierno sólo lleva una semana, pese a que, según ha asegurado, tienen constancia de que lo sabía desde hacía seis meses y ha habido unas elecciones entre medias.

Ha asegurado que no están poniendo en duda el destino del dinero, pero los ciudadanos, ha dicho, tienen derecho a saber lo que se hace con el dinero público, por lo que se va a comprobar.

También ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la Universidad, a los que ha garantizado el pago de sus nóminas.

Del mismo modo ha tranquilizado a los empleados públicos de la Junta en cuanto al cobro de sus salarios, y a los castellano-manchegos en lo referente a la prestación de los servicios sociales, pese a que la situación económica, ha dicho, es "extremadamente delicada".

Ha precisado que la semana que viene informará sobre el "estado real" de las finanzas de Castilla-La Mancha, una situación "mala" fruto, ha dicho, de una manera de gestionar del anterior Ejecutivo "contraria al buen gobierno".

Para hacer frente a ello, el Consejo de Gobierno, reunido hoy por tercera vez desde su toma de posesión, está adoptando medidas de austeridad y ahorro.

Hoy ha aprobado la estructura de la Junta, que estará formada por siete consejerías, 32 direcciones generales y cinco delegados provinciales, lo que supone una reducción del 60% en el número de altos cargos y un ahorro en sueldos de 12,6 millones en cuatro años.

Desaparecen veintidós direcciones generales y los treinta delegados provinciales de la Junta se quedan en cinco, uno por provincia, como anunció la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, en el debate de investidura.

El portavoz ha dicho que, de esta manera, el Gobierno es el primero en "apretarse el cinturón".

Pero también se han recortado las asignaciones a los grupos parlamentarios en unos 250.000 euros anuales, el 13% de lo que percibían, el mismo porcentaje que se recortará a los agentes sociales y que superará los 3 millones de euros.

Y en cuanto empiece el periodo de sesiones en las Cortes, el Consejo de Gobierno enviará los proyectos de ley necesarios para la supresión del Defensor del Pueblo, del Consejo Económico y Social (CES) y de la Comisión Regional de la Competencia.