Mérida, 31 ago.- La Junta de Extremadura está elaborando un inventario de su parque móvil, que supera el millar de vehículos, para acometer un "significativo" recorte con el consecuente ahorro en combustible, pólizas de seguro y gastos de garaje.
Así lo ha destacado hoy el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, en una rueda de prensa en la que ha informado sobre el déficit de la Comunidad Autónoma, que podría llegar a alcanzar el 6,81 por ciento del PIB a finales de año, 5,51 puntos superior al límite fijado por el Gobierno central.
Tras resaltar que el nuevo Ejecutivo está reduciendo numerosos conceptos de gasto no productivo, en porcentajes cercanos e incluso superiores al 50 por ciento, Fernández ha informado de que los únicos altos cargos que tienen asignado un coche oficial son el presidente y los consejeros de la Junta.
El resto podrá disfrutar de estos vehículos, con conductor, pero sólo para los desplazamientos oficiales.
"Hasta ahora eran bastante más los que utilizaban coches oficiales de manera permanente, para desplazamientos oficiales o no", ha indicado el consejero en este sentido.
Respecto al futuro de los vehículos que serán desechados, ha precisado que algunos serán desguazados y otros subastados.
Por otra parte, ha informado de que el Gobierno está estudiando la "razón de ser" de las entidades, fundaciones, consorcios, organismos autónomos y empresas públicas para adelgazar o suprimir estos entes "si su existencia no se ajusta a las necesidades materiales o sociales de la Junta".
Paralelamente, recortará en un 50 por ciento el sector público empresarial, reclamará el pago de la deuda histórica "hasta el límite de sus fuerzas" e impulsará la revisión del actual modelo de financiación autonómica.
Respecto al tiempo medio que se tarda en pagar a proveedores y acreedores no financieros, el consejero ha explicado que no se puede conocer con exactitud porque la facturas no se registraban a su entrada, contra lo establecido en la norma y lo que suele ser usual para el resto de documentos.
Lo que sí se conoce es el plazo transcurrido desde la contabilización de la factura hasta que se abona, que ha cifrado en 56 días, aunque ha insistido en que este dato "no es el real".
No obstante, el consejero ha explicado que se está trabajando para implantar un sistema "veraz" para conocer con rigurosidad este plazo.
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