La Junta publica más de un millar de exoneraciones en ayudas a la formación

Sevilla, 28 nov.- El Gobierno andaluz ha hecho público hoy el listado de más de un millar de exoneraciones o exceptuaciones individuales en la justificación de las ayudas concedidas para la formación para el empleo de los ejercicios 2007 y 2008.

Estas exoneraciones o exceptuaciones individuales permiten a las entidades concurrir a una nueva convocatoria de ayudas o abonar parte de la subvención ya concedida sin tener justificado los expedientes previos.

No obstante, la Junta recuerda que la exceptuación de la justificación de las subvenciones "no evita esa obligación de los beneficiarios porque sigue vigente esa exigencia", según un comunicado de la Junta.

En total en el año 2007 se publicaron 575 resoluciones de exoneración y 471 en 2008, lo que suma 1.046.

En el listado aparecen asociaciones de empresarios, mancomunidades, sindicatos, institutos profesionales, cooperativas y empresas, si bien no se especifica las cantidades que han sido exoneradas de justificación.

Con la publicación de este listado se cumple el compromiso del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, el pasado 20 de noviembre ante la Comisión homónima del Parlamento de Andalucía, ha subrayado la Consejería en un comunicado.

Asimismo, ha destacado el "ejercicio de transparencia" con la difusión de este nuevo grupo de resoluciones administrativas sobre los cursos de formación, que se suma a las publicadas los pasados 25 de agosto y 5 de septiembre relativas a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

En septiembre, el listado de exoneraciones colectivas afectaron a más de 200 entidades.

El Gobierno andaluz recuerda el fundamento legal de las resoluciones que adoptó el Servicio Andaluz de Empleo siguiendo las directrices del artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública.

La Consejería de Educación, que asumió las competencias en formación para el empleo, inició hace más de un año la revisión de los expedientes de ayudas a los cursos de formación tras destaparse presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos, y sobre lo que también hay abierta una investigación judicial.