La Junta valora el avance significativo en la instrucción del caso de los ERE

  • La Junta de Andalucía ha valorado la decisión judicial de decretar prisión para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero porque significa un "avance significativo en la instrucción" del caso del presunto fraude en los ERE.

Sevilla, 10 mar.- La Junta de Andalucía ha valorado la decisión judicial de decretar prisión para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero porque significa un "avance significativo en la instrucción" del caso del presunto fraude en los ERE.

La juez Mercedes Alaya ha decretado esta madrugada prisión sin fianza para Guerrero, tras la petición del fiscal anticorrupción, a la que se adhirieron el letrado de la Junta y la acusación particular, que ejercen el PP, el sindicato Manos Limpias y UGT.

En un comunicado, la Junta ha confiado en la acción de la Justicia y en que "se continúe por esta línea de esclarecimiento de los hechos y de concreción de responsabilidades de los principales implicados".

Tras los tres días de declaración del principal imputado en el caso de los ERE, se ha puesto de manifiesto, según la Junta, el "papel central que Guerrero parece haber tenido en los hechos que se investigan, sin que el imputado haya aportado elementos que permitan cuestionar con fundamento ese extremo".

Ha lamentado que Guerrero haya mantenido una "actitud exculpatoria y no haya admitido contestar a las preguntas de la acusación de la Junta, interesada en que se hubieran aclarado las numerosas contradicciones y vaguedades del imputado durante sus declaraciones".

Asimismo, ha ratificado su "firme voluntad de que se aclaren todas las irregularidades de este caso" y mantiene su disposición a colaborar.

En este sentido, el Gobierno andaluz ha recordado que mantiene abiertas otras dos líneas de investigación interna, cuyas conclusiones se remitirán cuando concluyan al juzgado, relativas a la revisión de oficio de todas las ayudas a empresas concedidas en este periodo y sobre los gastos de gestión abonados a las empresas intermediarias.

La Junta de Andalucía expresa también su compromiso con el abono de las prejubilaciones de las casi 6.000 personas que accedieron a esas ayudas sociolaborales con plena legitimidad.

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