La Justicia acorrala a todos los actores del 1-O pase lo que pase tras celebrarse

De rigurosa etiqueta, como exigía el acto, con las togas de las mejores ocasiones, el pasado 5 de septiembre, durante la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunciaron en sus discursos ante el Rey lo que se avecinaba en los días siguientes. “La indisoluble unidad de la nación española es un mandato directo para los jueces y tribunales”, dijo el primero ante el Rey. Luego, Maza prometió una actuación del Ministerio Público en Cataluña “serena”, “pero tan firme y enérgica” como fuera necesario para preservar esa unidad.

Ha pasado casi un mes desde ese fasto y la maquinaria judicial y fiscal ya está desplegada y tendrá sus consecuencias, pase lo que pase en el referéndum (o lo que sea) que se pretende celebrar este domingo. Las denuncias y querellas presentadas lo son, en algunos casos, por delitos graves como la malversación (hasta 8 años de cárcel) o la sedición (hasta 15 años). Y la justicia penal no tiene marcha atrás. Si sigue adelante y se prueban los delitos, previsiblemente habrá dolorosas condenas. Y después de las sentencias solo quedan dos salidas: o el cumplimiento de la pena o el indulto.

Epicentro en Puigdemont

La enorme respuesta judicial contra el referéndum independentista tiene su epicentro en Barcelona. Y más concretamente en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Es ante este organismo donde el Ministerio Público presentó el pasado 8 de septiembre una querella contra el president Carles Puigdemont y todos los membros de su Gobierno por convocarlo y organizarlo. A todos ellos les imputaba los delitos de desobediencia (al Tribunal Constitucional), prevaricación (tomar decisiones injustas o ilegales a sabiendas) y malversación de caudales públicos (por el gasto de dinero público que pudiera comportar la consulta).

La magistrada a la que ha correspondido el caso, Mercedes Armas, todavía no ha tomado declaración a los investigados. Pero sí ha adoptado ya medidas cautelares que, de ejecutarse correctamente, deberían haber llevado a impedir el referéndum. Primero ordenó cerrar las webs de la Generalitat que informaban sobre la logística de la consulta. Pero tras comprobar que el Gobierno catalán burló su orden clonando la página en servidores en el extranjero, la instructora ordenó el miércoles pasado a Mossos, Policía y Guardia Civil que prohibieran el uso de edificios públicos para la preparación del referéndum e impidan su apertura  para la votación, lo que, en teoría, supondría su fracaso.

En esa misma Sala se instruye también la querella presentada contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de esa cámara autonómica que, desatendiendo al Constitucional, permitieron la tramitación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad aprobadas saltándose el procedimiento legislativo los pasados 6 y 7 de septiembre. En este caso, la instructora es María Antonia Alegret y los delitos investigados son los de desobediencia y prevaricación, aunque la querella del fiscal también incluía, como en el caso del Govern, el de malversación.

Alcaldes y estudiantes

El despliegue judicial actúa contra los principales promotores de la consulta (Govern, Mesa del Parlament, sindicatura electoral…). Pero también contra los 700 alcaldes que se mostraron dispuestos a prestar sus locales municipales para la convocatoria. Todos están avisados por la Fiscalía de que, si cooperan con los organizadores, también podrán ser acusados de delitos que podrían comportar su inhabilitación. Los casos abiertos, además, han llegado a impedir cualquier acto preparatorio. Urnas, papeletas, documentación y propaganda electoral… Todos esos objetos son ahora “efectos del delito”.

Del control de la justicia ni siquiera han escapado los estudiantes que aún no tienen 18 años. La Fiscalía de Menores ordenó a los fiscales del ramo abrir expediente de riesgo a todos los niños que no fueran a clase para acudir a las protestas aun con permiso de sus padres y recordó a la Consejería de Educación que era responsable de lo que les pasara en las manifestaciones y de los daños que ocasionaran.

Protesta callejera y sedición

Pero la actuación que más ha encendido los ánimos de los independentistas catalanes llegando a provocar importantes disturbios, fue el registro por la Guardia Civil de las consejerías de Economía, Exteriores y Gobernación el pasado día 20. Las diligencias fueron ordenadas por el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga en una causa secreta si el Gobierno catalán ha gastado 6,2 millones de euros de su presupuesto en organizar la convocatoria. Decenas de miles de catalanes salieron ese día a la calle para protestar contra la operación policial.

La protesta expontánea ante la sede de la consejería de Economía, derivó en destrozos en los coches del instituto armado que allí se apostaron. La masa formada por unas 40.000 personas arengadas por las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, impidió salir a los agentes al terminar el registro ya de noche. La secretaria del juzgado tuvo que abandonar el edificio de madrugada por la azotea y los agentes permanecieron allí recluidos hasta las siete de la mañana del día siguiente, cuando pudieron escapar auxiliados por los Mossos.

Esos hechos fueron denunciados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que los considera un delito de sedición castigado con hasta 10 años de cárcel. Carmen Lamela, la juez de ese tribunal a la que ha correspondido el caso, ya ha recibido el atestado de la Guardia Civil. La denuncia apuntaba a los presidentes de ambas asociaciones, Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Omnium), pero las investigaciones policiales reflejan también la falta de colaboración de los Mossos que, en varias ocasiones, desoyeron las peticiones de ayuda de los guardias asediados, según el testimonio de estos.

Los Mossos d’Esquadra, los miles de agentes de la Policía y la Guardia Civil desplazados hasta Cataluña por el Gobierno y las guardias urbanas y policías municipales tendrán que cumplir este domingo la orden del TSJC de impedir a toda costa que se vote. Se prevén manifestaciones de protesta, pero cualquier ciudadano que trate de impedirles su trabajo ya sabe a lo que se enfrenta: una acusación por sedición en la Audiencia Nacional.

Queda por conocer qué ocurrirá con Puigdemont y el resto de consejeros si la consulta, finalmente, se celebra. En ese caso, los delitos de los que están acusados -desobediencia, prevaricación y malversación- quedarían completamente consumados. Fuentes fiscales aseguran que, dada la gravedad de las penas y la desatención reiterada a las resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional, en teoría, podría plantearse su detención. La magistrada del TSJC Mercedes Armas, la instructora de la causa contra todos ellos, tendrá la última palabra sobre esa decisión tan grave.