José Ignacio Sánchez Galán y tres de sus más estrechos colaboradores en Iberdrola han pasado hoy mismo a engrosar la lista de grandes empresarios investigados por la justicia por el caso Villarejo, en lo que se ha convertido en un proceso de acoso y derribo hacia el 'viejo' Ibex 35, en un momento en el que el Gobierno de Sánchez tiene en el foco a la clase empresarial por las tensiones sociales que le genera la escalada del precio de la luz y los altos salarios que se embolsan los directivos de la banca y otros sectores. Es más, esta misma semana se van a producir las declaraciones pendientes de algunos testigos de Repsol y Caixa, también implicadas en el caso, de las que se derivará su posible imputación como personas jurídicas, después de que ya hayan tenido que declarar como investigados sus dos responsables en el momento de los hechos, Antonio Brufau e Isidro Fainé.
Han pasado casi cuatro años desde que todas las miras se pusieran en los encargos del BBVA a la empresa de Villarejo, que acabó con la imputación de su expresidente, Francisco González, y de la entidad bancaria, con lo que eso supone de presión al actual responsable, Carlos Torres, y todo su consejo de administración. Iberdrola fue la segunda entidad del selectivo español que cayó en manos de la justicia en la instrucción del caso y, tras más de dos años de investigaciones, al exresponsable de Seguridad y los tres directivos ya imputados se las añaden ahora el propio Sánchez Galán, el que fuera director de Iberdrola España y es ahora miembro del consejo de El Corte Inglés, Fernando Becker; el consejero director general, Francisco Martínez Córcoles; y el exjefe de gabinete, Rafael Orbegozo.
La imputación de Galán y su equipo estaba encima de la mesa de la Fiscalía desde hace más de dos semanas, pero se retrasó sobre todo para dar tiempo a que el líder de la eléctrica pasase el examen de su junta general de accionistas, la semana pasada. El propio presidente se puso a disposición de la justicia con todo su consejo para aclarar la situación antes de la cita con los accionistas, al hilo de la supuesta buena relación que mantiene con el Ejecutivo. Ese idilio parece haber terminado, toda vez que fuentes empresariales presentes en la junta aseguran que Galán no escatimó en críticas al Gobierno, sobre todo por el golpe millonario que supone para sus ingresos la retirada de los llamados beneficios del cielo que se establecen junto a la nueva tarifa eléctrica.
La responsabilidad de Repsol y Caixa
En el ámbito judicial, al titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tampoco le tembló la mano hace dos meses para imputar a los presidentes de Repsol y Caixa, porque “probablemente” conocían la contratación de Villarejo al pactar que sus servicios se pagaran a medias entre las dos sociedades. A pesar de que fue la petrolera quien realizó las contrataciones, la imputación ha arrollado a Isidro Fainé y ha afectado a su condición como vicepresidente de Telefónica. Se complica además su situación frente al Gobierno por el expediente de regulación de empleo que pesa sobre casi 7.000 empleados de Caixabank, del que la fundación que Fainé preside es la primera accionista, por delante solo de la participación del Estado. Fue precisamente ese expediente el que provocó las críticas de la ministra de Economía, Nadia Calviño, a los elevados sueldos de sus ejecutivos.
Fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran ahora que el juez busca imputar a Repsol y Caixa como personas jurídicas, por entender que sus dirigentes no pusieron los medios para frenar esas contrataciones de servicios de espionaje de Villarejo, en las que se pudo incurrir en un delito de cohecho activo por su condición de funcionario público. En busca de esa justificación legal, este miércoles pasarán ante el juez los cuatro asesores de seguridad que conocieron algunos de los correos que se tramitaron con Cenyt, mientras que el jueves lo harán los responsables de auditoria de ambas empresas, que deberán explicar si se alteraron los trámites contables habituales en el pago de los servicios a Villarejo.
De los indultos a los fondos UE
Por más que la instrucción judicial y las tensiones políticas con los empresarios vayan por dos caminos distintos, no se puede obviar que la presión de la Fiscalía Anticorrupción sobre la clase empresarial más arraigada se produce en pleno toma y daca del Ejecutivo con los empresarios, en cuyo seno se ha dado incluso ahora una clara división de opiniones sobre la decisión de indultar a los presos del ‘proces’. Sánchez movilizó a su equipo para hacer pedagogía social también con los dirigentes de las patronales y buscar, cuando menos, que no hicieran una condena explícita de la polémica decisión del Gobierno. Ese objetivo parece que se consiguió en el caso del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y contó con el beneplácito de la empresa catalana, que apuesta por una vía para recuperar la convivencia en esa comunidad. Pero en otras autonomías y sectores empresariales el rechazo a los indultos no se ocultó, hasta provocar un malestar grande y una división en la patronal que todavía persiste.
Las repercusiones del caso Villarejo en las empresas del Ibex y sus dirigentes más notables se producen, además, cuando más entendimiento se necesita entre las grandes corporaciones y el Gobierno para llevar a cabo una buena gestión y financiación de todos los proyectos estratégicos que se están planteando para acceder a los miles de millones de los fondos europeos. Muchos de esos proyectos se centran en mercados regulados, como la energía o las telecomunicaciones, y un enfrentamiento entre empresarios y Moncloa estaría penalizado desde Bruselas, explican fuentes comunitarias. De hecho, las apreturas de la Justicia con Sánchez Galán se producen en un momento clave de sus relaciones con el Ejecutivo, dado que es la eléctrica que más proyectos ha presentado -hasta 175- para acceder a los fondos del 'Next Generation', con la intención de promover una inversión cercana a los 30.000 millones de euros.
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