La justicia española rechaza la mayoría de casos de fraude remitidos por OLAF

Bruselas, 29 abr.- Los tribunales españoles desestimaron el 61 % de los casos que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) les recomendó investigar entre 2006 y 2013, con lo que solo un 39 % de ellos llegó a juicio, por debajo de la media europea, informó hoy este organismo comunitario.

"Las autoridades judiciales nacionales son completamente independientes y no están obligadas a seguir nuestra recomendación. Sin embargo, estas son opiniones serias que deben ser consideradas", explicó el director general de la OLAF, Giovanni Kessler, al presentar en Bruselas el informe anual del organismo para 2013.

Según los datos publicados hoy por la Oficina Europea de Lucha contra el fraude, en los últimos ocho años las autoridades judiciales españolas han recibido 30 recomendaciones para investigar casos de fraude y han resuelto 23, de los que 14 fueron desestimados y 9 se tradujeron en acusaciones.

La media comunitaria es del 54 % respecto al número de casos de fraude que terminan en las cortes nacionales a instancias de la OLAF.

"Este resultado podría y debería ser mejor", indicó Kessler a la prensa, al tiempo que señaló que existen diferencias importantes entre países.

Si se compara con otros países que resolvieron un número similar de recomendaciones, España llevó a juicio menos casos que sus socios europeos: Alemania decidió sobre 24 casos de los que el 71 % acabaron en acusación, mientras que Bélgica resolvió 29 y llevó ante el juez el 48 % de ellos.

Por su parte, la tasa de acusaciones de Bulgaria, que resolvió 18 casos, fue del 56 %, en tanto que la de Francia, que decidió sobre 14 casos, fue del 71 %, ambas por encima de la media comunitaria.

De los países con cifras comparables a las de España, solo Reino Unido tuvo una tasa inferior a la española, con un 27 % de acusaciones y un 73 % de desestimaciones tras decidir sobre 15 casos.

Kessler explicó que las divergencias entre los socios europeos se deben a las diferencias entre sus sistemas judiciales y al diferente grado de colaboración con la OLAF, si bien avanzó que estudiarán los casos en los que la tasa de rechazo sea especialmente alta.

"Ya hemos empezado un análisis con algunos países para ver cuales son los problemas que causan el aumento de las desestimaciones, puesto que esto implica que hay una divergencia de opiniones entre ellos y nosotros (sobre la necesidad de acusar a alguien)", dijo el director general de OLAF sin precisar cuales son estos estados.

Precisamente el hecho de que la OLAF no tenga competencia para juzgar y deba remitir los casos a otras autoridades financieras, judiciales o disciplinarias es uno de los factores que minan la eficacia de la lucha anticorrupción en la UE, señala un reciente informe de la ONG Transparencia Internacional.

En este sentido, el director general de la Oficina abogó por crear una Fiscalía Pública Europea para mejorar la persecución de los delitos de fraude a nivel comunitario, si bien no se mostró favorable a que la OLAF se convierta en un cuerpo independiente externo a la Comisión Europea.

"Perseguir estos crímenes es una responsabilidad compartida, especialmente con los Estados miembros y autoridades nacionales. Nosotros hacemos nuestra parte lo mejor que podemos", argumentó.

Kessler incidió en que están "orgullosos" de los resultados cosechados en 2013 por la OLAF, que recuperó con la ayuda de los cuerpos nacionales 117,05 millones de euros de los contribuyentes europeos, por encima de los 94,5 del año anterior.

Asimismo, en su faceta de agente contra el contrabando de tabaco, este organismo europeo requisó 350 millones de cigarrillos, muy por encima de los 155,7 millones del año anterior.

Para luchar contra esta práctica ilícita, que cada año le cuesta a las arcas comunitarias 10.000 millones de euros, la OLAF abrió o coordinó 29 operaciones, de los que solo uno de ellos se refirió al tráfico a través de Gibraltar.

En los últimos años la agencia ha aumentado la colaboración con terceros países en estas investigaciones, especialmente con China, origen de gran parte del tabaco de contrabando.

La OLAF recibe también cada vez más información de fuentes públicas o privadas sobre posibles casos de fraude, con un aumento del 35 % en los últimos cuatro años, si bien de los 1.294 casos de que fue informada solo 253 desembocaron en la apertura de una investigación.