Jerusalén, 7 jun.- El Tribunal de Distrito de Jerusalén israelí dio hoy su visto bueno a la deportación de un millar de inmigrantes de Sudán de Sur, pese al conflicto que atraviesa el país con el vecino Sudán y que ha generado ya medio millón de refugiados.
La corte rechazó el recurso que habían presentado diversas organizaciones de derechos humanos contra la decisión del pasado marzo del ministro de Interior israelí, Eli Yishai, de poner fin a la política de "protección colectiva".
Esta política consistía en un statu quo, según el cual, no se expulsaba a los inmigrantes en situación irregular que pedían el estatus de refugiado.
Se calcula que en Israel residen de manera ilegal unos 60.000 inmigrantes, la mitad de ellos africanos, de los que entre 1.000 y 1.500 serían sursudaneses, algunos de ellos refugiados.
Yishai, que lidera el partido ultraortodoxo sefardí Shas y el pasado día 16 aseguró que todos los inmigrantes africanos "sin excepción deberían ser encarcelados", aplaudió la decisión judicial con la esperanza de que "sea sólo el primer paso de muchos que nos permitan deportar también a los de Eritrea y Sudán".
Por su parte, el diputado del partido derechista Likud de Benjamín Netanyahu y presidente del comité parlamentario de Inmigración, Absorción y Diáspora, Danny Danon, pidió la expulsión "inmediata" de los sursudaneses y se burló del fracasado intento de los "izquierdistas de buen corazón" por impedir la deportación.
Por el contrario, la Organización de Ayuda a Refugiados y Solicitantes de Asilo (ASSAF), involucrada en el recurso, lamentó la sentencia y pidió que, al menos, la deportación se efectúe con dignidad "y no como si fueran delincuentes".
"Todo lo que queda es esperar que mejore y se estabilice en los próximos meses la situación en Sudán del Sur y que la deportación no acabe costando vidas humanas", señaló una de sus coordinadoras, Orit Marom.
La decisión judicial, que se emite en un contexto de crecientes incidentes contra los inmigrantes africanos, concuerda con la opinión del fiscal general, que el mes pasado declaró a la corte que no había motivos para temer por las vidas de los eventuales repatriados a Sudán del Sur.
Esta semana, el Ministerio israelí del Interior validó una ley que permitirá a las fuerzas de seguridad arrestar durante tres años a cualquier persona que entre en el país de forma ilegal, y a entre 5 y 15 años a cualquiera que les ayude o cobije.
Además, el pasado día 23, una manifestación en el sur de Tel Aviv en la que una de sus participantes llevaba una camiseta con el lema "Muerte a los sudaneses", derivó en actos de violencia contra inmigrantes africanos y sus propiedades.
El acto venía caldeado por las declaraciones racistas de responsables políticos al calor de violaciones que se han vinculado a emigrantes africanos y palestinos sin permiso de residencia en Israel.
También se han registrado en las últimas semanas ataques con cócteles molotov contra casas de inmigrantes africanos, el último de ellos el pasado domingo en el centro de Jerusalén.
Hay convocada para el próximo miércoles otra manifestación contra los inmigrantes no judíos (quienes tienen al menos un abuelo judío pueden emigrar a Israel y obtener la ciudadanía de forma automática).
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