La ley de financiación autonómica, un sueño de mejora frustrado a los 3 años

  • Tan solo tres años después de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, las comunidades se muestran insatisfechas con su aplicación y reclaman al Gobierno un mejor modelo, aunque no todas con la misma insistencia ni con los mismos objetivos.

Lourdes Velasco

Madrid, 29 nov.- Tan solo tres años después de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, las comunidades se muestran insatisfechas con su aplicación y reclaman al Gobierno un mejor modelo, aunque no todas con la misma insistencia ni con los mismos objetivos.

El Gobierno ha mostrado su compromiso de revisar el sistema, si bien el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alega que queda "bastante legislatura por delante" y hay cuestiones más inmediatas que resolver, una posición contraria a algunas regiones del PP como Murcia, Baleares o Valencia, que reclaman un cambio urgente.

Con el modelo aprobado en diciembre de 2009, se incrementó el porcentaje de cesión de impuestos del Estado a las CCAA y el Gobierno elevó los recursos adicionales frente al sistema anterior, algo que sobre el papel tenía que revertir en más recursos para las comunidades.

En cambio, la aplicación ha resultado "poco transparente y desigual", según explica a Efe el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan José Rubio, para quien ha provocado que las CCAA que más aportan reciban una cantidad per cápita que está por debajo de la media.

Mientras que algunas autonomías insisten al Gobierno en la necesidad de cambiar el modelo de manera urgente, otras, como Castilla-La Mancha, dicen a Efe que quieren cambios pero comparten la llamada a la paciencia porque entienden que hay otras cuestiones prioritarias.

Fuentes del Gobierno valenciano han explicado que pedirán la revisión en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y, al igual que Murcia, insisten en la necesidad de que se actualice la población, un criterio que ha provocado que ambas autonomías estén infrafinanciadas, según sostienen sus ejecutivos.

Desde la Consejería madrileña de Economía y Hacienda esperan que el próximo CPFF "acuerde" el inicio de los trabajos en el Comité Técnico Permanente de Evaluación y que se corrijan los "errores de cálculo" por los que Madrid ha perdido 1.000 millones de euros en las cuentas de 2013.

También Baleares reclamará que el cambio incluya más margen de maniobra fiscal para las autonomías y que, cuando se suban los impuestos compartidos, las ganancias también repercutan en la Administración Autonómica, explican a Efe fuentes del gobierno balear.

Canarias, que se considera a sí misma la comunidad más maltratada, quiere terminar urgentemente con las desigualdades en la prestación de servicios básicos, indican a Efe fuentes autonómicas, y también Castilla y León cree "necesaria" la reforma porque ve el modelo "claramente insuficiente" para cubrir el coste de los servicios públicos.

En cambio, Aragón se muestra más cauta a la hora de reclamar cambios y pide primero que se evalúe el sistema para saber qué funciona bien o mal, algo en lo que coincide el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, quien prefiere una evaluación sosegada antes de acometerla.

Cantabria sostiene que el actual modelo es "perfectamente viable" pese a no estar suficientemente dotado y aboga por que se revise en 2013, según el plazo previsto en la propia ley, y pide que el debate sobre los cambios se sustente sobre el principio de solidaridad entendido como "igualdad de acceso a los servicios fundamentales".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente asturiano, Javier Fernández, que aboga por someter a revisión el modelo "cuando corresponda" pero siempre "preservando la solidaridad interterritorial y garantizando la calidad homogénea de los servicios públicos".

Y Andalucía, que también considera que no está recibiendo el dinero que le asegura que la solución no es abordar un cambio de sistema "sino que se aplique correctamente", han dicho fuentes de su Gobierno a Efe.

Pero por mucha prisa que tengan, las comunidades deberán esperar unos años, seguramente hasta 2015, para moverse con un sistema de financiación distinto, según los pronósticos del catedrático Juan José Rubio, quien augura que va a ser difícil resolver la "guerra" entre comunidades por los criterios que deben primar en el sistema. "Cada una tiene su memorial de agravios", reflexiona.

La situación económica y asuntos como la reclamación por parte de Cataluña del pacto fiscal provocan, según Rubio, que no sea lo más oportuno iniciar ya el debate sobre la financiación del Estado, una caja de pandora que en cualquier caso se va a abrir pronto, cuando en 2013 se evalúe la norma en los plazos que marca la ley.

Mostrar comentarios