La Ley de lesa majestad, un "arma" en el convulso panorama político tailandés

Noel Caballero

Bangkok, 9 ago.- El artículo 112 del Código Civil, más conocido como la "Ley de lesa majestad", protege a la Casa Real de Tailandia con penas de cárcel a aquellas personas que difamen las institución, un edicto que se ha convertido en la última década en una peligrosa "arma" política y personal.

"Es una ley ilógica. Cuando los jueces dictan sentencia no es bajo una lógica jurídica, sino bajo la ideología promonárquica que está detrás de la ley. No es un sistema legal, es un precepto peligroso y un problema profundo", denuncia a Efe Yukti Mukdawijitra, profesor de Sociología en la universidad de Thammasat.

El golpe de estado militar acaecido en 2006 contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra creó un enorme cisma aún por cerrar en la sociedad tailandesa que se tradujo en un "endurecimiento en la aplicación de la ley".

"El uso del artículo 112 varía según el Gobierno. En los últimos años, especialmente con el Partido Demócrata en el poder y el primer ministro Abhisit Vejjajiva las denuncias por casos de lesa majestad se multiplicaron", apunta Yukti.

En 2010, año en el que los camisas rojas -partidarios de Thaksin- tomaron las calles de Bangkok y posteriormente fueron desalojados violentamente por el Ejército, los casos por difamar a la monarquía superaron los 470, mientras en la década de los 90 las acusaciones no llegaban a la decena por año.

"La Constitución de 1997 (considerada la más aperturista) supuso un cambio en las estructuras políticas. Surgieron nuevos actores con mayor compromiso social que debilitó a los partidos tradicionales lo que provocó un cambio en la sociedad, que exige más a los políticos y se muestra más crítica con las instituciones", señala el experto.

En un intento por reformar el polémico artículo del Código Civil, Yukti junto a varios académicos tailandeses formaron el grupo Nithirat.

"Esta ley limita numerosos derechos básicos. No obstante, la gente tiene miedo de intentar cambiarla porque saben que sus actos serán utilizado en su contra. La sociedad los calificará de 'malas personas'. Existe una utilización política y personal de la ley", señala el activista, quien reconoce las escasas posibilidades de éxito para su agrupación.

Acciones como repetir un discurso difamatorio contra la monarquía, compartir mensajes ofensivos con la institución o simplemente pulsar el botón "me gusta" de la red social Facebook en comentarios que desacrediten a la realeza, son considerados también transgresiones del delito de lesa majestad.

Recientemente, la junta militar que controla el país desde el golpe de estado acaecido el pasado 22 de mayo indicó que el comediante británico John Oliver representa una "amenaza" después de que este ridiculizara en sus monólogos a la Casa Real tailandesa.

Los militares también censuraron el videojuego "Tropico 5", que permite al jugador simular una dictadura en un país tropical ficticio, al considerarlo "ofensivo con la monarquía".

"La ley delitos informáticos (aprobada por lo militares en 2007) complementa al artículo 112 para vigilar internet y las redes sociales y censurar los contenidos considerados inadecuados. Si cometes un delito fuera de Tailandia, una vez cruces la frontera puedes ser detenido", señala Yukti.

Todas las versiones de la Constitución tailandesa, 17 en total, han fijado la clausura por la cual "el rey debe ser entronizado en una posición de culto venerado y no podrá ser violada. Ninguna persona puede exponer al rey a cualquier tipo de denuncia o acción".

El rey de Tailandia, el octogenario Bhumibol Adulyadej, sin embargo, reconoció durante un discurso público que él mismo comete errores y está dispuesto a aceptar las críticas.

Las palabras del Monarca, publicadas en diciembre de 2005 con motivo de su 78 cumpleaños, refutó la aceptada tradición durante el largo periodo de monarquía constitucional de que el rey no puede equivocarse, publicó en su día el diario "The Nation".

La violación del artículo 112, establecido por primera vez con el régimen absolutista en 1908, conlleva una pena de cárcel que varía entre los tres y quince años de confinamiento.

El foro de Presos Políticos en Tailandia estima que cerca de 300 personas están encarceladas tras haber sido declaradas por los tribunales culpables de "difamar, ofender o amenazar al rey, la reina o al heredero al trono".

La ley también ha sido aplicada severamente contra extranjeros, aunque suelen ser puestos en libertad tras pedir el indulto del monarca.