La Ley de Seguridad Ciudadana criminaliza los movimientos sociales,según ONGs

Madrid, 21 nov.- La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha mostrado hoy su "enorme preocupación" porque, en su opinión, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana "refuerza la tendencia actual a criminalizar" a los movimientos sociales.

En una nota de prensa, explica que el anteproyecto de Ley podría considerar como un "delito de integración en organización criminal" la convocatoria de una concentración o protesta a través de Internet en la que se produjeran incidentes de carácter violento.

También prevé considerar como "atentado contra la autoridad" la resistencia activa no violenta.

Ambos casos, podrían llegar a ser castigados con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de hasta 600.000 euros

Como organizaciones de la sociedad civil, la Coordinadora considera que la nueva Ley constituiría "una restricción de libertades y derechos y una criminalización de las movilizaciones ciudadanas pacíficas que canalizan el descontento social y las demandas ante el recorte de derechos humanos que se está produciendo".

La defensa de los derechos humanos y la promoción de propuestas pacíficas que contribuyan al bien común "forman parte de nuestra identidad ciudadana", añade la Coordinadora que considera la no violencia como una forma legítima de transformación social.

"Las propuestas no violentas son absolutamente necesarias para luchar contra la injusticia y construir conjuntamente sociedades justas y equitativas", añade.

Ante esta situación, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo "da la voz de alarma" y considera "absolutamente" necesario que, bajo ningún concepto, se olvide que el derecho de manifestación está contemplado en la Constitución española, al igual que la libertad de expresión

También insiste en que la libertad de opinión y expresión también están recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en que la participación ciudadana "es uno de los elementos claves" para la salud democrática de cualquier país.

Además, recuerda que la fiscalización ciudadana de la gestión de lo público no sólo es un derecho, "sino también un deber inherente al ejercicio de la democracia".

"Las reivindicaciones no violentas contribuyen a la construcción de sociedades más justas y equitativas", añade.

Por último, advierte de que limitar la libertad de expresión de la ciudadanía puede aumentar la crispación social existente mientras que apostar por políticas que respeten los derechos humanos y las propuestas no violentas garantiza sociedades democráticas, algo que, señala, "esperamos que el Gobierno no lo olvide".