La ley de transparencia pasará el jueves su primer examen parlamentario

Madrid, 26 may.- La ley de transparencia pasará el próximo jueves su primer examen parlamentario en el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos que creen que el proyecto se ha quedado corto, no responde a las exigencias de la sociedad ni equipara a la Casa Real al resto de administraciones.

Esas son algunas de las pegas que exponen la Izquierda Plural, UPyD, CiU, el PNV y el grupo mixto para pedir la devolución del proyecto, que, desde el Ejecutivo, será defendido en el pleno del jueves por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como una de las medidas puestas en marcha para luchar contra la corrupción y devolver la confianza a los ciudadanos.

El Gobierno, en palabras del secretario de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ve estas enmiendas como "tácticas", ya que muchas de las cuestiones que plantean forman parte ya de los compromisos asumidos para mejorar la ley en el Parlamento.

De hecho, el PSOE, que quiere que la ley alcance también a la Iglesia, ha optado por no presentar enmienda a la totalidad y limar las diferencias con el Ejecutivo en el trámite de enmiendas parciales.

IU, sin embargo, pone el acento en su enmienda en que la ley no avanzará "mucho más" en el conocimiento público que se tiene de la de la Casa Real y lamenta que la Corona aparezca en el proyecto con rango de "segunda división" porque su tratamiento no se equipara al del resto de las administraciones.

Otra de las carencias que destaca IU, y también UPyD, es que finalmente la norma no tendrá rango de ley orgánica, como lo es por ejemplo la ley de protección de datos, por lo que el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, no se considerará un derecho fundamental.

El partido de Rosa Díez sostiene en su enmienda que "aplicando el principio de que las políticas de transparencia deben afectar a todas las entidades que reciben ayudas públicas para el desempeño de sus funciones, no es aceptable la exclusión de partidos, sindicatos, patronales, Casa Real y organismos constitucionales de las regulaciones de esta ley".

Aunque UPyD cree que el proyecto de ley del Gobierno significa "un avance respecto a la pobre política de transparencia previa", explica que sus "insuficiencias, carencias y contradicciones" obligan a solicitar su devolución al Ejecutivo.

La enmienda a la totalidad pactada por CiU y PNV denuncia además que el proyecto sitúa a los órganos autonómicos y locales en una posición de subordinación jerárquica respecto a órganos estatales, "que resulta contraria a su autonomía política y a su potestad de auto-organización".

Uno de los puntos que rechazan todos los grupos es que, ante posibles incumplimientos, el proyecto otorgue la potestad sancionadora al Ministerio de Hacienda sobre el resto de las administraciones, lo que podría conculcar competencias autonómicas reconocidas en la Constitución.

El grupo mixto también presenta enmienda a la totalidad y ERC es la única formación que lo hace con un texto alternativo, en el que plantea que la ley obligue a los políticos a cumplir sus compromisos electorales y que ponga límite a los salarios públicos para que ningún político pueda cobrar anualmente más que el presidente del Gobierno.

No obstante, el PP cuenta con su mayoría absoluta, y el apoyo del PSOE, para impedir que las enmiendas a la totalidad salgan adelante, por lo que tras el debate del jueves arrancará el siguiente paso: el trámite de enmiendas parciales, en el que los grupos podrán proponer modificaciones de puntos concretos.

El plazo para presentar enmiendas parciales se alargará hasta el 11 de junio, tras lo que comenzarán los trabajos en ponencia con el objetivo de que a más tardar en julio la ley esté aprobada en el Congreso y se remita al Senado.