La Ley de Transparencia se aprueba en comisión con votos del PP, CiU y PNV

Madrid, 31 jul.- La Comisión Constitucional del Congreso ha dado hoy su visto bueno al dictamen del proyecto de Ley de Transparencia con los votos del PP, CiU y PNV, mientras que el resto de los grupos parlamentarios no lo han apoyado al considerar que no cumple con las expectativas de los ciudadanos y es mejorable.

No obstante, el PSOE, que anunció su voto en contra del proyecto, finalmente se ha abstenido por error en la votación del articulado del informe, ya que reservaba su voto negativo para una votación de conjunto que no estaba prevista hoy en la comisión.

En su intervención, el diputado del PP Pedro Ramón Gómez de la Serna se ha felicitado por la mejora del texto, aunque ha reconocido que "no es la panacea" y, de cara al debate en pleno que tendrá lugar en septiembre, ha pedido "corresponsabilidad" al PSOE y a los grupos que han votado en contra porque ni la ley ni los ciudadanos -ha dicho- "se merecían el boicot" al proyecto.

Por su parte, el diputado socialista José Enrique Serrano ha argumentado que, hoy por hoy, hay elementos "insalvables" para que el PSOE vote a favor del proyecto, aunque ha dejado la puerta abierta a seguir negociando para el debate en pleno.

"El futuro no está escrito", ha dicho Serrano tras lamentar que ésta vaya a ser la primera ocasión en la que el PSOE se quede fuera en la aprobación de una ley que se vincula con elementos estructurales del sistema político.

Serrano ha considerado que la que hoy se ha aprobado en comisión es una ley "más corta, más pobre, menos útil y menos ambiciosa" de la que habría sido posible.

Sin embargo, desde el PP Gómez de la Serna ha acusado a los grupos que abandonaron las reuniones de la ponencia, entre ellos el PSOE, de haber sacrificado la transparencia "en aras del oportunismo".

A su entender, con esta nueva normativa los ciudadanos podrán saber qué se hace con su dinero, quién lo hace, cómo y con qué consecuencias.

En contra del informe han votado la Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto.

El diputado de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet ha criticado el "engaño" del Ejecutivo, que pretende dar "gato por liebre" con esta ley que, en su opinión, "sigue siendo de segunda división".

A su juicio, las mejoras competenciales que se han aprobado a propuesta de CiU y PNV "no salvan" una ley que -ha vaticinado- será utilizada mañana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando comparezca para explicar el caso Bárcenas.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha coincidido en que es una ley "insuficiente" y concebida en función de las necesidades de gobernabilidad del PP y ha criticado que no se incluya el acceso a la información como un derecho fundamental.

Al texto final se han incorporado mas de 90 enmiendas de la oposición, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes, que consideran que la ley puede frenar la corrupción y disminuir la desafección de los ciudadanos hacia la clase política.

Jordi Jané, de CiU, se ha congratulado de que se haya aceptado que las administraciones publiquen los bienes que son de su titularidad, pero ha lamentado que no se haya admitido la enmienda de su grupo para dar publicidad a las balanzas fiscales.

CiU ha dado su "apoyo crítico" al proyecto porque cree que en el ámbito competencial la ley es mejorable; una posición similar a la del diputado del PNV Emilio Olabarria, que admite que el proyecto se ha mejorado pero no se han solucionado algunos aspectos que invaden competencias autonómicas.

Entre las novedades que se han incluido en el texto remitido por el Gobierno, gracias a las enmiendas de los grupos que ha admitido el PP -quince de los socialistas-, destacan las que afectan al ámbito de aplicación y el régimen de sanciones.

Así, como ya se anunció, la norma equipara las obligaciones de transparencia de la Casa Real a las de otras instituciones públicas como el Congreso, el Senado, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

También deberán someterse a la ley todas las entidades privadas cuya financiación dependa al menos en un 40 por ciento de subvenciones públicas y aquellas que reciban al menos 100.000 euros anuales de fondos públicos.

Los altos cargos que cometan infracciones muy graves contempladas en la norma podrán ser destituidos de su puesto y no podrán ser nombrados para ocupar ningún alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años, ni percibirán ninguna pensión indemnizatoria por su cese.

No obstante, el texto acordado en la ponencia retira la posibilidad de destituir a cargos electos como habían pedido los grupos de la oposición, algo que sí estaba previsto en el proyecto inicial remitido al Congreso por el Gobierno.EFE

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