La ley de veguerías supera su primer trámite pese al rechazo de la oposición

Barcelona.- El proyecto de ley de veguerías ha superado su primer trámite parlamentario, al rechazar el tripartito las enmiendas a la totalidad presentadas por CiU, PP y C's, opuestos frontalmente a abrir un debate que no ven prioritario y que desatará "conflictos" territoriales en la recta final de la legislatura.

El conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, de ERC, encargado de presentar ante la cámara el proyecto aprobado por el Govern, ha celebrado que hoy Cataluña dé "el primer paso decidido para construir un nuevo modelo de organización territorial".

Consciente de que la oposición iba a arremeter contra el proyecto por considerarlo inoportuno, Ausàs ha recordado que esta reorganización del territorio se ampara en el Estatut y responde a una "reivindicación histórica del catalanismo político" para dejar atrás el "modelo altamente centralizador" de las provincias.

"Conseguir una organización propia debería ser el objetivo de todos los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas catalanas. Ningún partido de tradición catalanista debería oponerse a este ejercicio de soberanía ni tendría que poner zancadillas a una reclamación unitaria ante el Estado", ha recalcado.

Frente a las críticas por plantear un debate tan sensible en los últimos meses de legislatura, Ausàs ha argumentado que "da igual si se hace al principio, a la mitad o al final de la legislatura" y ha garantizado la "simplificación administrativa" que implicará la ley.

La ley propone crear siete veguerías, que sustituirán a las actuales cuatro provincias: Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Girona, Tierras del Ebro, Catalunya Central y Alt Pirineu-Aran, sobre las que se organizarán todos los servicios de la Generalitat.

Se recuperará así la figura histórica de la veguería, una demarcación territorial que ya existió durante la Edad Media y que fue suprimida por el Decreto de Nueva Planta de 1716.

Con el impulso del proyecto gubernamental han aflorado numerosas fricciones y reivindicaciones en el territorio, como la creación de una octava veguería para el Penedès, la reclamación de la Val d'Aran de una demarcación propia, la pugna entre las capitales de comarca del Pirineo para ostentar la capitalidad de su nueva veguería o el pulso de Reus y Tarragona por liderar el Camp de Tarragona.

Precisamente estos enfrentamientos territoriales y la escasa voluntad del Govern de buscar el máximo consenso político han sido esgrimidos como argumento por la oposición para rechazar una ley que además requerirá la modificación de varias normas estatales.

El diputado de CiU Lluís Corominas ha subrayado que su grupo es favorable al establecimiento de las veguerías, pero no a través de la ley que promueve, en plena crisis, el tripartito.

Tras la apelación de Ausàs a las fuerzas catalanistas, Corominas ha advertido de que cuando el Parlament legisla "desde la debilidad política, sin el apoyo del territorio y la sociedad y sin el rigor jurídico, lo que damos es un paso atrás en nuestro autogobierno".

Para demostrar la falta de "solidez" de la iniciativa, ha citado un informe anexo al anteproyecto del Govern, que admitía que la ley jurídicamente "no está suficientemente madura" y "políticamente no se dan las condiciones para su tramitación", ya que "los últimos meses de legislatura no es el periodo más favorable para aprobar una ley sobre la cual existe tanta sensibilidad territorial".

La diputada del PP Maria Àngels Olano ha arremetido contra una ley redactada "de espaldas al territorio", que ha generado múltiples "conflictos", que "no es prioritaria" en tiempos de aguda crisis y que, además, no podrá aplicarse de inmediato puesto que antes habrá que reformar la legislación estatal para permitir las veguerías.

El presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), Albert Rivera, ha coincidido en señalar que las veguerías no son "prioritarias para la vida de los catalanes", aunque sí para el tripartito, y ha reprochado a Ausàs su urgencia por instaurar una división territorial cuyo origen "se remonta al siglo XII".

Por su parte, la socialista Carme Figueras ha acusado a la oposición de querer "detenerlo todo", mientras el presidente del grupo parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, ha emplazado a CiU a actuar con "sentido de país" y no "azuzar conflictos territoriales por intereses partidistas".