Saber si los clientes del comisario jubilado José Manuel Villarejo conocían que se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional cuando le contrataban es una de las principales cuestiones que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón trata de aclarar. Todas las grandes empresas del Ibex 35 que se han visto salpicadas por la macrocausa ‘Tándem’ defienden que esta condición es algo que no se podía ni sospechar ni conocer, ya que el expolicía tenía la sede del Grupo Cenyt en un lugar “en abierto”, en la emblemática Torre Picasso de Madrid, y era un proveedor de "prestigio" para compañías importantes del país.
Así se puede constatar en el denominado ‘modelo 347’ que Hacienda ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde, según han informado fuentes jurídicas cercanas al caso a La Información, se plasma todo el listado de clientes que Villarejo ha tenido, al menos, durante su última etapa profesional, en la que concentró gran parte de las actividades que están bajo lupa. El juez instructor requirió a la Agencia Tributaria los datos de todas las empresas que contrataron con Villarejo por más de 3.500 euros anuales en los años 2011 y 2012 con el fin de conocer hasta dónde llegaron las presuntos labores de espionajes del agente encubierto.
Con el objetivo de proteger la confidencialidad de todos los nombres, el magistrado García Castellón no ha dado traslado físico a las partes de dicha relación de empresas que abonaron los servicios del agente encubierto, sino que solo ha permitido consultarla personalmente en sede judicial, según ha podido saber este diario, al igual que hizo con las últimas agendas que se le incautaron al comisario jubilado. Y es que las fuentes jurídicas consultadas apuntan que Hacienda ha enviado un listado en el que no sólo aparecen las empresas que han ‘protagonizado’ algunas de la treintena de piezas separadas que conforman el caso ‘Tándem’, como son BBVA, Grupo Planeta, Persán, Mutua Madrileña, la extinta Seguribérica, Repsol o CaixaBank. En ella también aparecen muchas otras grandes compañías de España, y otras no tan conocidas, lo que, de acuerdo a lo que explican las mismas fuentes, pondría encima de la mesa del juez García Castellón que no existían obstáculos para que cualquier persona física o jurídica pudiera contratar los servicios de Villarejo.
Cuestión distinta es si cabe reproche penal contra el comisario jubilado por el método que empleó para desarrollar las tareas. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional investiga a Villarejo no solo por delitos de cohecho, sino que también le atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos por los posibles ‘pinchazos’ telefónicos que pudiera hacer a las personas que han sido el objetivo de sus ‘proyectos’ -como denominó los trabajos que realizaba-, vigilancias, o accesos a datos policiales para poder conseguir información ‘confidencial’ y entregársela a sus clientes en forma de investigaciones.
El comisario jubilado prestaba servicios de seguridad privada o de inteligencia corporativa englobados en funciones de consultoría legal, para lo que no existen tantos obstáculos legales. Según el sumario de la causa, el Grupo Cenyt contaba con el bufete de abogados llamado Stuart & MacKenzie, a través del cual se han hecho este tipo de labores, algunas de las cuales están siendo investigadas, como es el caso de la línea de investigación relacionada con el intento de frustrar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez-Maura.
Consulta al escalafón
A todo ello se suma el reciente informe policial incorporado a la causa que certifica que los directores de Seguridad de las empresas que contrataron al comisario jubilado, o cualquiera de sus clientes, no tenían forma de comprobar si éste aún seguía en activo en la Policía Nacional. Aunque dicho documento elaborado por la División de Personal -al que también tuvo acceso este diario- afirma que Villarejo reingresó en el Cuerpo en 1993, permaneciendo en él, en “situación de activo”, hasta el 22 de junio de 2016, cuando se jubiló, confirma que solo el personal activo de la Policía Nacional puede consultar el escalafón.
Las prácticas presuntamente irregulares realizadas por Villarejo serán expuestas a partir del próximo miércoles, 13 de octubre, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgará por primera vez por el ‘caso Tándem’. Una vista oral en la que se analizarán los hechos instruidos en el marco de tres piezas separadas: ‘Iron', que versa sobre el encargo que hizo el despacho Herrero & Asociados a Villarejo para obtener información de un bufete de la competencia; ‘Land’, relacionado con los trabajos de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca'; y ‘Pintor’, sobre la supuesta extorsión a un empresario y a su abogado. Por estas tres procedimientos, que se enjuiciarán a la vez, el expolicía se enfrenta a más de 100 años.
El comisario jubilado defenderá ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal lo mismo que lleva exponiendo desde que se inició el caso ‘Tándem’ en noviembre de 2017: la compatibilidad de sus actividades privadas con las de funcionario público, ya que su condición de agente encubierto implicaba que se mantuviera en una especie de secreto que aún seguía trabajando en la Policía. De hecho, Villarejo ha manifestado en varias ocasiones que los responsables gubernamentales de cada momento y los altos cargos policiales conocían la existencia de su entramado empresarial y que, en ocasiones, le encargaron trabajos “delicados” y de importancia para España.
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