La lluvia puede al agua

En diciembre de 2010 se produjo el milagro en las Tablas de Daimiel. Tras años de sequía y riesgo severo de incendio, el parque natural se encharcó de nuevo gracias al excepcional periodo de lluvias. Las aves han regresado al humedal en unos niveles que sorprenden a los científicos expertos en la zona. Pero esa lluvia tiene dos caras. Una resuelve el estrés hídrico que caracteriza España. La otra esconde que el estrés es cíclico, y vuelve pasado un tiempo. En ese lapso, el debate sobre el agua se estanca.

"Estamos viviendo años excepcionalmente lluviosos, pero esa visión es miope, el tiempo seco volverá", explica Francesc la Roca, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, experto en gestión de agua. A ello se añade la previsión de los expertos en cambio climático, que auguran periodos de sequía más frecuentes en el sur de Europa. Esa escasez creciente de agua debería estar preparando el debate en España de cara al futuro.

Pero como suele pasar, la lluvia está tapando, por ejemplo, el mal estado de las redes de transporte, que favorece fugas de hasta el 12% en el agua de consumo urbano. Tampoco se aborda la reconversión del regadío. "Se necesitaría dedicar el agua a aquellos cultivos más productivos, y no a aquellos que no se recogen, como el girasol. No se aborda por la inercia y las presiones evidentes", añade La Roca.

Desde Bruselas se está acotando la necesaria evolución, estiman los expertos, de una política hídrica basada exclusivamente en satisfacer la demanda, a otra que se apoye más en la calidad. Así lo plantea  la Directiva Marco del Agua. El objetivo es frenar el despilfarro y gestionar el agua de forma más ordenada. Por ello será necesario revisar el precio, un caballo de batalla del sector que no termina de resolverse. En España se paga hasta cuatro veces menos que la media europea, apenas un euro por metro cúbico. La revisión al alza de la tarifa permitiría renovar las redes de distribución, muchas obsoletas, y sobre concienciar a la ciudadanía sobre el despilfarro.

Esa política más verde deberá tener en cuenta la depuración, ya que actualmente se registra una pérdida de calidad biológica en el agua que devolvemos al medio por compuestos que no son biodegradables. Esos costes ambientales hoy no se repercuten en la tarifa, como tampoco aquellos que no son monetizables, como la contribución de los ecosistemas a la biodiversidad o valores estéticos de los ríos.