Los cinco miembros de La Manada van a estar mucho tiempo en la cárcel. El fallo del Tribunal Supremo que corrige la sentencia inicial a 9 años de cárcel, agrava el tipo a violación (agresión sexual) y les impone 15 años de cárcel, va a suponer de facto una privación efectiva de libertad, antes de que puedan plantear cualquier beneficio penitenciario por mínimo que sea, de la mitad de la condena. Las estimaciones que realizan los expertos en derecho penitenciario apuntan a que estarán en prisión no menos de 8 años, según cada caso, para poder optar entonces a algún tipo de permiso penitenciario, y no es probable que lleguen a poder disfrutar del segundo o tercer grado (salir a la calle y dormir en la cárcel) antes de que pasen los dos tercios de la condena, es decir, no antes de 10 años. A esas cifras se les deben descontar los dos años de prisión preventiva que han pasado ya.
Los abogados penalistas coinciden en que las sentencias sobre delitos sexuales se consideran como las más graves de todas las que se dictan en esa área, de forma que es muy complicado lograr algún tipo de ventaja tras una sentencia firme de cárcel. Los jueces penitenciarios no se suelen arriesgar a sacar de la cárcel a un condenado que pueda reincidir y tirar por tierra el principio de rehabilitación social que persigue la imposición de estas penas. “Cuando detrás de un delito existe una alarma social y un drama personal como el causado por La Manada, es muy difícil evitar que se cumpla, cuando menos, la mitad de la condena, sin ningún tipo de permiso hasta entonces”, asegura un letrado que se dedica cada día a litigar en este tipo de procesos.
En este caso, la legislación penitenciaria establece que los reos condenados por delitos sexuales o de violencia de género deben superar dentro de la cárcel lo que se conoce como el programa PRIA (Programa de Intervención para Agresores), una condición ‘sine que non’ para que el juez revise el caso ante una petición de beneficios penitenciarios. Pero para llegar a ser admitido en ese programa de rehabilitación, los condenados debe tener el visto bueno del psicólogo de la cárcel, que deberá comprobar que “están concienciados del delito que han cometido, se dan cuenta de lo que han hecho y admiten que son culpables”.
Ese paso previo del psicólogo no será fácil de superar en el caso de La Manada, a la vista de las afirmaciones y los datos que han surgido en torno a los hechos que dieron lugar a los delitos continuados de violación (según el Supremo) y sobre todo por la presión social que existe en torno a esta cuestión, según admiten letrados muy cercanos a este proceso. Una vez admitidos en el programa, no antes de ocho años de cárcel completos, deben superar el programa, para que el juez se plantee algún tipo de permiso. Una vez superado el PRIA, es cuando se podría ver si los presos tienen algún permiso puntual cada año. Y so todo eso va bien y no cometen ninguna imprudencia más, tal vez se podría plantear un segundo o tercer grado a partir de los diez años encerrados.
Pendientes de Pozoblanco
Hay que recordar que cuatro de los cinco condenados por el Tribunal Supremo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Alfonso Jesús Cabezuelo -queda fuera Ángel Boza-, están también condenados por otros delitos menores (robo, etc…) e implicados en un proceso sobre abusos sexuales y maltrato producidos en la localidad cordobesa de Pozoblanco, pendiente de juicio oral en estos momentos. Según las reglas que marca el derecho penal y penitenciario, si en este caso vuelven a ser condenados, los años que se les impondrían se acumularían a los que ya pesan de la primera condena, de forma que se ampliaría aún más el tiempo mínimo que estarían sin salir de la cárcel y sin beneficios penitenciaros.
Si se llega a una condena acumulada de los dos casos de 20 a 25 años, no es probable que ningún juez se plantee algún tipo de ventaja antes de la mitad de esos años, con lo que estarían sin pisar la calle más de una década, si es que admiten toda su culpa, el psicólogo penitenciario lo ratifica y superan el programa PRIA. Es más, para hablar de un segundo o tercer grado, deberían pasar entre 14 y 17 años, según la situación de cada uno y los delitos que debe afrontar.
Hasta ahora solo se conoce el comunicado y el fallo, pero es muy probable que cuando el supremo publique la justificación y motivación de su decisión, la defensa de los cinco de La Manada se plantee recurrirlo al Tribunal Constitucional. No en vano, ya ha advertido que, a su entender, no se ha respetado el principio de presunción de inocencia de sus clientes, toda vez que la causa se basa tan solo en la versión que ofrece la víctima y la presión social que se ha generado. Fuentes conocedoras de este proceso advierten que, en estos casos, “siempre es así, y pasan mucho tiempo en prisión”.
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