La defensa de Gemma Alcalá en el caso ‘Tándem’ se ha visto alterada en los últimos meses después de que sus dos últimos letrados renunciaran a ello. A tres meses vista del primer juicio de la macrocausa, y tras una intensa búsqueda, la mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha contratado a Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez. Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el abogado ya se ha personado en la causa para poder conocer la acusación que hace la Fiscalía Anticorrupción, que pide contra ella más de 80 años de prisión, así como los hechos que se le atribuyen en otra de las piezas separadas de la macrocausa en la que se encuentra investigada por su presunta participación en la venta de información oficial.
Nuño, fundador del despacho que lleva su nombre, es especialista en Derecho Penal Económico. Fue uno de los juristas que presentó dos quejas al Defensor del Pueblo: una, solicitando que instara al Consejo de Ministros la flexibilización de las medidas acordadas en el Real Decreto de 14 de marzo de 2020, que provocó el confinamiento domiciliario, para que los menores pudieran salir a la calle, al menos, una hora al día acompañado por un adulto; y otra, pidiendo la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra dicha norma por la "suspensión generalizada, universal, y permanente de los derechos fundamentales" como la libertad de circulación. Precisamente, el Tribunal Constitucional ha declarado este miércoles inconstitucional parte de este decreto y ha anulado varios apartados de dos de sus artículos al estimar parcialmente un recurso de Vox, que no recogió la extensa queja del grupo de expertos jurídicos.
Alcalá se quedó sin abogado el pasado mes de mayo cuando Javier Puyol comunicó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que no se encargaría de llevar los asuntos que pudieran afectar a esta investigada en la causa en la que se analizan las presuntas irregularidades de los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo. De este modo, se quedaba sin defensa por segunda vez, ya que semanas antes había presentado también su renuncia el abogado Javier Iglesias, quien había llevado su estrategia legal desde el inicio de la causa y cuyo nombre aparece en numerosas ocasiones en el sumario y es conocido por su vinculación con el PP.
Villarejo y su mujer, junto a otras personas implicadas en la trama como el socio del comisario, Rafael Redondo, se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo 13 de octubre en la primera gran vista oral que celebrara a la Audiencia Nacional para enjuiciar conjuntamente tres piezas separadas de la treintena que conforman el caso 'Tándem'. Una macrocausa que se comenzó a investigar en noviembre de 2017, cuando el comisario jubilado entró en prisión provisional.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha puesto sobre papel que el entorno familiar del agente encubierto formaba parte de la "organización criminal" dirigida por éste, en concreto su esposa y su hijo - este último será juzgado por su presunta participación en el 'proyecto Pintor', relacionado con el encargo que el empresario Juan Muñoz habría hecho al comisario jubilado para espiar a un exsocio y al abogado de éste-. Así lo afirmó en el escrito por el que el pasado mes de marzo solicitó la libertad provisional del expolicía para acreditar que, aunque informaba a favor de su excarcelación, aún persistía el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración delictiva.
Y es que unos meses antes, en octubre de 2020, el juez instructor, los fiscales y la Policía llevaron a cabo un operativo para desarticular una trama encabezada por Villarejo desde prisión para vender información de investigaciones oficiales de la Policía. Para ello contó con la estrecha colaboración del abogado Alfonso Pazos, a quien conoció en el centro penitenciario y que fue detenido, entre otros, junto a Gemma Alcalá, formándose así la pieza separada número 28 de la macrocausa. La mujer del comisario jubilado quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras declarar ante el juez Manuel García Castellón.
Se hizo pasar por una cazatalentos
Ya en junio de 2020, el Ministerio Público señaló en su escrito de acusación la presunta implicación que tuvo la también periodista en los negocios de su marido. Por ello, pide 46 años de prisión por la pieza 'Iron', que versa sobre el encargo que hizo el despacho Herrero & Asociados a Villarejo para obtener información de un bufete de la competencia, y otros 36 años y cuatro meses por su presunta participación en el 'proyecto Land', relacionado con los trabajos de espionaje del comisario jubilado por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca'. Ambas causas serán juzgadas junto a 'Pintor'. En concreto para el trabajo requerido por el bufete de abogados, del sumario de la causa se desprende que Alcalá se hizo pasar por una "headhunter" (cazatalentos), bajo el nombre de 'Ana Arias', para acercarse a una empleada del bufete que estaba siendo investigado con el objetivo de ganarse su confianza y conseguir que fuera su confidente.
Además del caso 'Tándem', tanto Villarejo como su esposa tienen aún pendiente un juicio en los juzgados de Madrid por la grabación y difusión de una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el CNI sobre la causa del 'Pequeño Nicolás'. La Fiscalía de Madrid pide para el comisario jubilado cuatro años de prisión por descubrimiento y revelación de secretos y tres años de cárcel para Alcalá al considerarla cooperadora necesaria de este delito.
Se trata del audio de una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre el comisario entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y unos agentes del CNI a los que iba a informar sobre la investigación en curso sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'el Pequeño Nicolás'. El contenido de ese encuentro entre policías, grabado por orden de Villarejo, fue posteriormente difundido en el portal 'Información Sensible', del que era titular Gemma Alcalá, con el fin, según la Fiscalía, de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" dichas pesquisas.
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