La nacionalidad, el más reciente conflicto entre República Dominicana y Haití

Ramón Santos Lantigua

Santo Domingo, 29 oct.- Las históricas tensas relaciones entre la República Dominicana y Haití encajan estos días una sacudida de consecuencias no del todo claras a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del primero de estos países que niega la nacionalidad a los descendientes de indocumentados.

La decisión ha desatado los "mil y un demonios" entre la irregular y numerosa población haitiana que hace décadas empezó a afincarse en las plantaciones de caña de azúcar dominicanas, y luego pasó a sustituir a la mano de obra local en prácticamente todos los oficios rudos del campo y la ciudad.

Los haitianos condenaron el fallo inapelable del tribunal, y exigieron su revocación bajo el alegato de que centenares de miles de ellos nacieron en la República Dominicana, por lo que de mantenerse la decisión se convertirían en apátridas.

Paralelo a esto, las autoridades haitianas iniciaron una ofensiva diplomática entre las naciones caribeñas para denunciar el veredicto y pedir la condena regional e internacional contra la nación con la que comparte la isla conocida como La Española.

La estrategia ha tocado las puertas de Caricom y de otros organismos, y logrado ecos favorables en instancias como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.

Días después de conocerse el fallo, el propio presidente dominicano, Danilo Medina, recibió a representantes de los haitianos en condición de irregulares, a quienes comunicó que la decisión del TC estaba apegada a la Constitución de la República, y que él es respetuoso de la independencia de los poderes del Estado.

Medina, no obstante, les comunicó que iniciaría un proceso de conversación, "porque es un problema humano que tenemos que resolver".

Al parecer, sin embargo, los haitianos y los sectores dominicanos que les apoyan, echaron por la borda esa muestra de receptividad del jefe de Estado dominicano con dos acciones que resquebrajaron su estrategia.

La primera fue, que tras salir de la oficina del presidente, los portavoces de la comitiva comunicaron que éste les había pedido "perdón" por la situación que enfrentan, cuando en realidad el mandatario precisó que les expresó sus "disculpas" por el drama que afrontan, al carecer de documentación para poder trabajar o estudiar.

El siguiente paso en falso se produjo cuando un grupo de mujeres, en su mayoría extranjeras, impidió por unos minutos que Medina hiciera uso de la palabra a gritos de "Todas somos Haití", durante la apertura en Santo Domingo, a mediados de octubre, de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Ese incidente recibió la condena de gran parte de la población dominicana, que lo tildó de falta de respeto y consideración al gobernante con el más alto índice de aprobación en América Latina en estos momentos, según los resultados de una reciente encuesta internacional.

La semana pasada, Medina encabezó una reunión de más de tres horas del Consejo Nacional de Migración en la que se acordó acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, e iniciar en dos meses un plan de regularización de extranjeros.

El organismo afirmó su compromiso con la implementación de una política migratoria "clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales".

Esa postura oficial parece ir en consonancia con la búsqueda de una solución definitiva a la inmigración ilegal, que ha crecido cuesta abajo, cual bola de nieve, casi siempre llevándose de encuentro al Estado dominicano con, incluso, condenas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

"Desde el año 1929, en todas las revisiones a la Constitución dominicana, está claramente establecido que los ciudadanos en tránsito no son ciudadanos dominicanos, o sea que el Tribunal Constitucional da una interpretación coherente a una disposición fijada por nuestra Carta Magna durante décadas", dijo a Efe el experto constitucionalista y exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón.

Considera el jurista, con un doctorado en derecho de la Universidad Complutense de Madrid, que Haití debe dotar de documentación a esos ciudadanos que viven en condición de irregulares en República Dominicana, para que así puedan ser registrados en esta nación y regular su estatus como residentes legales.

A contrapelo de esta postura, la politóloga Rosario Espinal considera que el Gobierno dominicano debió detener la migración ilegal haitiana hace mucho tiempo y no lo hizo para mantener la ganancia empresarial.

"Ahora no puede mutilar a miles de dominicanos de ascendencia haitiana despojándolos de la nacionalidad o negándosela. Hacerlo es una violación a derechos humanos fundamentales que no puede justificarse con nociones erradas de soberanía", explicó.

Estos expertos forman parte de las posiciones a favor y en contra de una sentencia que ha puesto el dedo en la llaga de un conflicto centenario entre dos naciones a las que, alguna vez, un político dominicano bautizó como "las dos alas de un mismo pájaro".