La nueva ley del aborto evidencia la división de la sociedad irlandesa

Javier Aja

Dublín, 12 jul.- En una votación histórica, la Cámara Baja (Dáil) del Parlamento irlandés aprobó hoy, por primera vez, una ley del aborto en ciertas circunstancias, aunque la decisión ha provocado divisiones en un país de fuerte tradición católica.

Con una cerrada ovación, el Dáil puso esta madrugada fin a más de dos días de intenso y emotivo debate, que culminó con 127 votos a favor y 31 en contra de la legislación redactada por el Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael (FG) y el Partido Laborista.

La holgura del resultado no refleja, no obstante, las objeciones de un gran número de parlamentarios, que llegaron a someter a votación durante el debate hasta 165 enmiendas al texto, que autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio.

El FG y los laboristas obligaron, además, a sus diputados a seguir sus directrices, igual que la cuarta formación nacional, el Sinn Fein, cuyo presidente, Gerry Adams, se ha declarado contrario al aborto, aunque pidió el voto a favor por cuestiones humanitarias.

También se mostró a favor el liderazgo del Fianna Fail, el partido de centro que más veces ha gobernado -ahora en la oposición-, aunque dejó libertad a sus miembros para decidir y la mayoría, en un ejercicio de "responsabilidad", optó por el "sí".

De fondo, grupos antiabortistas y la poderosa iglesia católica han tratado de influir sobre los políticos.

La conferencia episcopal no llegó a amenazarles con la excomunión porque, dijo, no es un "fenómeno habitual", pero sí les advirtieron de que, tarde o temprano, se verían las caras con los sacerdotes de sus parroquias y, en algunos casos, con sus votantes.

Entre los que demostraron tener miedo al divino o a las urnas destaca la ya ex secretaria de Estado para Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, que junto a otros cuatro correligionarios votaron en contra y fueron expulsados automáticamente del FG.

Después de pasar el trámite del Senado y de que el presidente irlandés, Michael D. Higgins, estampe su firma, el Ejecutivo del primer ministro, el democristiano Enda Kenny, confía en que la llamada "Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo" entre en vigor antes del próximo 18 de julio.

Incluso si hubiera algún retraso, este palidecería frente a los 21 años que han tenido que pasar para que el Parlamento diese efecto legal a una resolución del Tribunal Supremo de 1992 que cuestionó la normativa vigente, una de las más restrictivas de Europa y duramente criticada por los tribunales comunitarios.

Desde entonces, seis Gobiernos sucesivos y dos consultas populares no han sido capaces de incorporar a la legislación ese fallo, que autorizaba ya el aborto para casos en los que la vida de la madre corría peligro, incluso si amenazaba con suicidarse.

El problema ha radicado en que esos supuestos, solo recogidos en la Constitución de manera muy vaga, han estado sujetos a la interpretación de los médicos, que normalmente han tendido a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas.

El propio Kenny ha reiterado que apenas se "modifica" la situación actual ni "los derechos" de la "madre y del no nacido", lo que viene a dar la razón a los sectores más progresistas, que temen que miles de mujeres irlandesas sigan viajando al Reino Unido para someterse a un aborto, hasta casi 4.000 el pasado año, según cifras oficiales británicas.

No obstante, ha precisado el primer ministro, la ley sí ofrece ahora "claridad y certeza" sobre las "circunstancias muy específicas" que permitirán la interrupción de un embarazo.

Sus críticos consideran también que el texto continuará "criminalizando" el aborto, pues propone penas de cárcel de hasta 14 años tanto para el profesional médico como para la madres que sigan un procedimiento antirreglamentario.

En el bando más conservador, la cuestión que más preocupa es el supuesto del suicidio, pues, en su opinión, abre las puertas en este país a lo que denominan "abortos a la carta".

Quizá lo más positivo, como recalcó el ministro de Sanidad, James Reilly, es que la nueva ley impedirá que vuelvan a ocurrir casos como el de Savita Halappanavar, la mujer india que falleció en un hospital irlandés después de que se le denegara un aborto pese a su embarazo problemático.

Savita, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció el 28 de octubre de 2012 de septicemia en un hospital de Galway (oeste de Irlanda), después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto alegando que estaba en un "país católico" y la ley lo impedía mientras latiera el corazón del feto, pese a que el estado de la mujer empeoraba.