La obsesión de Sánchez por 'atrapar' a Puigdemont le enfrenta a jueces y fiscales

La obsesión de Pedro Sánchez porque la gente le vea antes del 10-N como el líder político que va a encerrar a Puigdemont en la cárcel es la única explicación que desde los círculos jurídicos más cercanos a los fiscales y jueces del Supremo se tiene sobre el tremendo lapsus que ha tenido este miércoles, al insinuar que a la Fiscalía actúa bajo las directrices del Estado en este tema. El presidente en funciones ha sido el protagonista de esta recta final de la campaña, cuando le han preguntado en una entrevista radiofónica cómo iba a “traer de la oreja” a Puigdemont a España, tal y como se comprometió en el debate de los cinco líderes políticos del lunes pasado.

"La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues ya está", se ha preguntado de forma retórica en RNE Sánchez a modo de contestación, una insinuación que ha revolucionado a todos los fiscales y jueces del país, sobre todo a los que trabajan en el Tribunal Supremo y que llevan la causa contra el expresidente de la Generalitat, por poner en duda su independencia y la autonomía de decisiones que les otorga el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, por más que al fiscal general se le nombre a propuesta del Ejecutivo.

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Fuentes cercanas a la Presidencia del Gobierno han desplegado todos sus medios para aclarar las palabras de Sánchez y asegurar que el Ejecutivo siempre respalda a los fiscales en sus decisiones, sin presionarles ni marcarles el paso. Pero no han podido evitar que la propia Fiscalía publique una nota oficial donde recuerda que todas las actuaciones desarrolladas por los fiscales en la causa especial del Tribunal Supremo por la huida de Puigdemont, “como el resto de las que realizan a diario los fiscales, se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”.

Las palabras de Sánchez han sido la gota que ha colmado la paciencia del estamento judicial, que ya había mostrado un malestar interno muy grande cuando Sánchez aseguró que él traería al líder catalán huido ante las cámaras en el debate a cinco del lunes, dado que ese proceso está pendiente de la euroorden que se ha enviado desde España y de las actuaciones del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Tampoco se vio con buenos ojos en Justicia la insinuación que en ese debate hizo el líder del PP, Pablo Casado, al aludir a “conversaciones privadas” con Sánchez que no podía revelar, pero que apuntaban a que conocía de antemano la sentencia del ‘procès’ con el delito de sedición y hasta todas las decisiones judiciales sobre la exhumación de Franco.

Nada más conocerse la controvertida sentencia del ‘procès’ y su fundamento en los delitos de sedición y la malversación de fondos, desde Moncloa se ordenó poner al servicio del juez Llarena todos los medios que fueran necesarios para lanzar las euroordenes que permitieran la detención y el traslado a España del líder catalán fugado a Bélgica y los tres exconsejeros que también salieron del país. Fuentes cercanas a ese proceso aseguran que, al tratarse de delitos que coinciden con los ordenamientos jurídicos europeos, se podría facilitar toda la tramitación y acelerar las vueltas. Si bien es cierto que sería prácticamente imposible cerrarlo todo antes del 10-N, resulta evidente que esa imagen de cara a la campaña podría ser muy beneficiosa para la formación socialista.

Lejos de lograr ese propósito, desde las propias filas del PSOE se quejaban este miércoles de que “la metedura de pata” de su líder estaba provocando el efecto contrario y estaba siendo aprovechada por la oposición, sobre todo del PP y Ciudadanos, para criticar la falta de respeto del presidente por la separación de poderes y la autonomía que el Ministerio Fiscal tiene otorgada por ley orgánica. “Sobre todo, si tenemos en cuenta que tiene una ministra de Justicia en funciones que, además, proviene de la Fiscalía”, señalaban.

Otras fuentes jurídicas consultadas, sobre todo entre expertos en derecho penal y procesal europeo, ahondaban más en lo inoportuno de las palabras del presidente en funciones a la hora de que tanto la Fiscalía como los jueces belgas, y del resto de los países comunitarios, tengan que avalar las euroordenas lanzadas desde España. “El separatismo catalán y las autoridades belgas toman nota de todo, y este desliz no va a pasar desapercibido a la hora de tomar una decisión sobre Puigdemont”, explican.