La OCDE considera que España no es exigente con la corrupción internacional

Madrid, 6 jun.- El director de Asuntos Legales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Nicola Bonucci, ha afirmado hoy que "España no es exigente" a la hora de perseguir los sobornos de empresas a funcionarios extranjeros, si bien el país "no está solo" en ese grupo.

Así se ha expresado en unas jornadas convocadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) sobre la corrupción internacional, en la que se ha hablado del papel de los letrados en el cumplimiento de la Convención Internacional contra los Sobornos, aprobada en 1999.

El responsable de los asuntos legales de la OCDE ha señalado que, desde la firma de este convenio, en España apenas se han abierto siete investigaciones por corrupción internacional, sin que se haya llegado a juicio en ningún caso.

"Resulta difícil creer que, con la importancia de los negocios de las empresas españolas en Latinoamérica, no haya habido ningún caso de soborno en trece años", ha apuntado Bonucci.

Aun así, el jurista italiano ha destacado que "la ciudadanía española es cada vez más intolerante con la corrupción" y hoy en día es menos probable que se considere "normal" pagar a funcionarios, como podía ocurrir hasta hace 30 años.

Sin embargo, reconoce que la mayoría de los casos ocurren de maneras "difíciles" de detectar para los abogados, pues las empresas "no te enseñan el maletín, sino que te consultan para abrir una sucursal en las Islas Caimán" u otros paraísos fiscales.

Bonucci ha destacado la lucha contra este delito en los Estados Unidos y Alemania, los dos países en los que hay más condenas por este concepto, frente a los altos niveles de impunidad en Nigeria o China.

El vocal del CGAE Nielson Sánchez-Stewart ha incidido, por su parte, en que, pese a "no ser perfecto", este convenio supone "al menos" un paso adelante sobre el "auténtico disparate" que ocurría antes de su firma en países como Francia o Alemania, donde los sobornos a funcionarios extranjeros eran legales y desgravaban a Hacienda.

La mayoría de estos casos, ha explicado, consisten en pagos de una media del 10 % del importe de los contratos adjudicados, "que parece poco", pero que pueden llegar a alcanzar las decenas de millones, o la contratación obligada de intermediarios, en muchos casos amigos o familiares del funcionario.

En la jornada se ha hecho referencia a que ayer fue condenado el ex primer ministro esloveno Janez Jansa a dos años de prisión por aceptar un soborno de la compañía finlandesa Patria en la negociación de un contrato para la compra de 135 vehículos blindados armados.