La ONU pide al presidente egipcio reconsiderar acta constitucional

Ginebra, 30 nov.- El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos pidió hoy al presidente de Egipto, Mohamed Mursi, que reconsidere el acta constitucional que establece que las decisiones presidenciales son definitivas e inapelables ante la justicia hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución.

Se trata de una medida "incompatible" con las convenciones internacionales sobre derechos humanos, manifestó en rueda de prensa el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, que indicó que "aprobar una Constitución en estas condiciones podría introducir un nuevo elemento de división" en la sociedad egipcia.

Colville informó de que la Alta Comisionada, Navi Pillay, envió una carta a Mursi en la que expresa su preocupación por el proceso constitucional y por la composición de la Asamblea Constituyente, que el presidente declaró indisoluble en la misma declaración.

Para Pillay, la Asamblea Constituyente, que está dominada por los islamistas y que jueves dio luz verde al borrador final de la nueva Carta Magna, no refleja la composición real de la sociedad egipcia, dada la falta de mujeres y de representantes de las minorías.

Colville recordó que Egipto es firmante de los dos grandes tratados que sostienen la ley internacional sobre derechos humanos, la Convención sobre Derechos Políticos y Civiles, y el Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que hasta la fecha el proceso constitucional egipcio los contraviene.

Pillay indicó en su carta al presidente egipcio que los obstáculos puestos al acceso a la justicia y a la independencia del poder judicial en su declaración de la semana pasada "abren la puerta a la violación de estas dos Convenciones".

Según su portavoz, la Alta Comisionada recordó que el eslogan de la revolución egipcia que derrocó al presidente Hosni Mubarak -"libertad y justicia social"- solo se logrará si hay procesos de búsqueda de la verdad, de procesamiento judicial de los culpables de violaciones de los derechos humanos y de reparación de las víctimas.

La Alta Comisionada "admite las dificultades del presidente" y le insta a hacer uso de sus prerrogativas para hacer frente a estos problemas de acuerdo con el derecho internacional.