La oposición en Alicante cree que el PP no sabe solucionar el caso Castedo

  • La oposición en el ayuntamiento de Alicante (PSPV-PSOE, EU-IU y UPyD) ha acusado al PP de no saber "cómo solucionar" la situación "insostenible" de la alcaldesa, la popular Sonia Castedo, de la que creen que debe dimitir por sus imputaciones en dos casos de presunta corrupción urbanística.

Alicante, 5 nov.- La oposición en el ayuntamiento de Alicante (PSPV-PSOE, EU-IU y UPyD) ha acusado al PP de no saber "cómo solucionar" la situación "insostenible" de la alcaldesa, la popular Sonia Castedo, de la que creen que debe dimitir por sus imputaciones en dos casos de presunta corrupción urbanística.

Los portavoces de los tres partidos se han pronunciado en estos términos después de que el PP nacional aclarara que la alcaldesa tiene abierto un expediente informativo y no de expulsión, como había indicado a primera hora de la mañana el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano.

Los portavoces de la oposición han coincidido en su "sorpresa" por el revuelo desatado por las palabras iniciales de Floriano, mientras que desde el grupo municipal del PP no ha habido declaraciones.

Para el portavoz municipal socialista, Miguel Ull, el tipo de expediente que pesa sobre Castedo hace que "varíe poco la situación", ya que la alcaldesa "tiene que dimitir para no seguir perjudicando a la localidad como desde hace un año y medio".

Por su parte, el portavoz de EU-IU, Miguel Ángel Pavón, ha concluido que "el PP no se termina de aclarar con Sonia Castedo y su gravísimo caso de presunta corrupción".

Por UPyD, su único concejal, Fernando Llopis, ha puesto de manifiesto que su partido está dispuesto a apoyar un cambio en la Alcaldía "siempre y cuando haya un compromiso y unos acuerdos firmes y públicos contra la corrupción y a favor de la transparencia".

Castedo, que en las últimas elecciones logró 18 concejales por 8 de los socialistas, dos de EU-IU y uno de UPyD, figura como imputada en las piezas separadas del caso Brugal relativas a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en el plan urbanístico del barrio de Rabasa.

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